Un exhaustivo estudio realizado por el IEEM para Pharos (centro de análisis de la Academia Nacional de Economía) en 2015 reveló una realidad preocupante: las empresas estatales uruguayas enfrentan serias deficiencias en su gobierno corporativo que comprometen su eficiencia y capacidad de respuesta ante los desafíos del siglo XXI. Aunque han pasado diez años desde su publicación, las conclusiones y recomendaciones de este análisis mantienen plena vigencia, especialmente considerando que muchas de las problemáticas identificadas permanecen sin resolver.

Un problema de identidad corporativa

El estudio identificó que la principal debilidad del sistema radica en la indefinición del ejercicio de la propiedad. Uruguay ocupa el último lugar en el ranking latinoamericano en esta dimensión crucial, con un puntaje nulo que evidencia la ausencia de una figura clara que actúe como propietario efectivo de las empresas del Estado.
Esta situación genera una cadena compleja y disfuncional de responsabilidades que involucra gerentes, directorios, ministros y el gobierno, pero sin identificar claramente quién asume las responsabilidades propias del accionista. En la práctica, los directores de las empresas estatales deben cumplir simultáneamente las funciones de CEO y representante de los propietarios, una dualidad que genera conflictos de interés y limita la eficiencia organizacional.
El problema se agrava por el hecho de que los directores tienen mandatos acotados a los períodos presidenciales. Su horizonte de decisión, limitado a cinco años, resulta insuficiente para empresas que operan en sectores de infraestructura y requieren planificación de largo plazo.

La solución: un holding estatal profesionalizado

La investigación propone una solución innovadora y pragmática: la creación de un holding estatal que ejerza de forma clara y profesional los derechos de propiedad, sin alterar el estatus de propiedad pública de las empresas. Este modelo, inspirado en experiencias exitosas como el Sistema de Empresas Públicas (SEP) de Chile, permitiría:

• Separar claramente las funciones de propiedad, regulación y operación.
• Coordinar la actuación del conjunto de empresas estatales.
• Nombrar y remover directorios con criterios técnicos y de rendimiento.
• Aprobar decisiones estratégicas que excedan las atribuciones de cada directorio.
• Implementar sistemas de control y evaluación del desempeño.

Recomendaciones implementables

Un aspecto alentador del estudio es que la mayoría de las mejoras propuestas pueden implementarse con el marco normativo actual, sin necesidad de cambios legislativos complejos. Algunas recomendaciones requieren únicamente decretos o resoluciones, mientras que solo un número limitado necesita intervención del Poder Legislativo.
El análisis sugiere que no es necesario entrometerse con el estatus de propiedad de las empresas estatales. La solución pasa por trasladar a una entidad independiente todos los derechos inherentes a la propiedad, con excepción de la venta de las propias entidades estatales.

Un camino hacia la modernización

Las empresas del Estado uruguayo son fundamentales para las políticas de gobierno y el bienestar ciudadano. Por esta misma relevancia, deben seguir un camino de mejora continua donde el cumplimiento de buenas prácticas de gobierno corporativo sea prioritario.
El estudio también señala que las empresas de propiedad público-privada presentan sistemáticamente mejores indicadores de calidad de gobierno corporativo que las empresas de propiedad exclusiva del Estado, sugiriendo que la apertura parcial del capital accionario podría ser una alternativa a considerar en el futuro.

La urgencia de actuar

La evidencia empírica presentada en el estudio es contundente: la falta de claridad en el ejercicio de la propiedad tiene un impacto negativo directo sobre la eficiencia de gestión de las empresas estatales. Profesionalizar el ejercicio de la propiedad y alinear la gobernanza con los estándares internacionales de la OCDE no es solo una recomendación técnica, sino una necesidad estratégica para maximizar la contribución de estas empresas al desarrollo económico y social del país.
La implementación de un holding estatal representa una oportunidad única para modernizar la gestión pública empresarial sin comprometer los principios de propiedad estatal, dotando al sistema de mayor transparencia, control y eficiencia para enfrentar los desafíos del futuro.