No encuentro una mejor manera de comenzar el análisis de las perspectivas políticas que retomando algunos de los conceptos que presenté hace un año en la entrevista publicada en Hacer Empresa. En ese momento, reflexionando sobre el escenario electoral, afirmé que había tres escenarios posibles: “En el primero, el Frente Amplio (FA) obtiene cerca del 48 % en primera vuelta, conquista la mayoría parlamentaria y gana la presidencia. En el segundo, el FA gana la presidencia en el balotaje, pero no alcanza a tener mayoría parlamentaria en al menos una de las cámaras (entre el 44 % y el 48 %). En el tercer escenario, la coalición de gobierno logra ser reelecta (por ejemplo, el FA obtiene menos del 44 % en primera vuelta)”. Se verificó el segundo de ellos: el FA obtuvo 44% en la primera vuelta y  su candidato a la presidencia se impuso en el balotaje.

Hace un año argumenté que este segundo escenario sería el más desafiante en términos de gobernabilidad: “De los tres escenarios posibles, el más complejo en términos de construcción de mayorías parlamentarias es el segundo, dada la intensidad del conflicto político entre los dos grandes bloques que componen nuestro sistema político. No le resultará fácil a un hipotético presidente frenteamplista que legisladores del actual bloque de gobierno cooperen con él”. Esto sigue siendo cierto. Pero, un año después esta aseveración requiere ser matizada a la luz de algunos datos políticos recientes. Nadie puede negar que el presidente electo tiene una alta predisposición al diálogo con la oposición.

Su gobierno buscará tender puentes con la oposición, siguiendo el ejemplo del expresidente José Mujica. Del lado de la Coalición Republicana, tanto Pedro Bordaberry como Guido Manini han manifestado su disposición a buscar acuerdos y facilitar la gobernabilidad. Teniendo en cuenta estos antecedentes, es razonable anticipar acuerdos no triviales en temas importantes, especialmente durante 2025. Por cierto, a medida que la luna de miel con la opinión pública vaya menguando, la probabilidad de tejer acuerdos multipartidarios irá disminuyendo.

Sobre el final del reportaje formulé cuatro desafíos especialmente importantes para el nuevo gobierno, con independencia de su signo ideológico: (i) “acelerar el crecimiento económico” disminuyendo el “costo de vivir y producir en Uruguay”, (ii) “profundizar la transformación educativa”, (iii) “avanzar de modo más decidido hacia la economía del conocimiento” y “abordar con mucho más energía y determinación el combate al narcotráfico y al lavado de activos”. Sigo pensando que estos cuatro temas son cruciales. El primero de ellos es absolutamente decisivo y, en gran medida, precondición para los tres restantes. Se necesita una economía más dinámica para tener más recursos para invertir en el cambio estructural hacia la economía del conocimiento, mejorar la educación, y combatir el crimen organizado. Este razonamiento conduce el principal signo de interrogación de la próxima administración: ¿logrará el FA mantener la tasa de crecimiento de 2024 y sostenerla durante todo su mandato?

El nuevo gobierno tendrá un equipo económico muy competente, encabezado por un economista del prestigio de Gabriel Oddone. Desde el MEF cabe esperar que se impulsen políticas orientadas a acelerar el crecimiento económico aumentando la productividad. Oddone tiene, como es notorio, el respaldo de Yamandú Orsi quien, a su vez, cuenta con el apoyo de una gran bancada parlamentaria (9 senadores y 36 diputados fueron electos por la lista 609 del sector del presidente electo). Pero esto no le asegura al próximo ministro de Economía tener las manos libres para llevar adelante su agenda. En realidad, la economía política uruguaya opera exactamente al revés. La política manda. El experto obedece. En Uruguay no gobiernan los economistas. Nunca lo hicieron, ni siquiera durante la dictadura.

Oddone podrá impulsar su agenda en la medida en que la bancada de la 609 y del resto del FA le den luz verde. No hay que perder de vista que entre la visión de los desafíos del país formulada en el libro El Despegue (Gabriel Oddone y Nicolás Batalla) y la de las Bases Programáticas aprobadas por el congreso del FA hay una distancia muy evidente. La política laboral está llamada a ser una zona de conflicto especialmente relevante. El presidente electo anunció que Juan Castillo será el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Castillo es secretario general del Partido Comunista y fue, al menos desde la marcha a Punta del Este en plena crisis de 2002 y, por casi dos décadas, una figura central del movimiento sindical uruguayo. Oddone y Castillo coinciden en el objetivo central de compatibilizar crecimiento con distribución del ingreso. Pero tienen diferencias obvias en cuanto a cómo alcanzar esta meta.

La inexorable tensión al interior del FA respecto a temas centrales de la política económica podría perder relevancia en un contexto regional y mundial favorable. Una parte importante del desempeño de nuestra economía depende de factores externos. En ese sentido, cabe prestar especial atención al desenlace del acuerdo Unión Europea-Mercosur y a la marcha de la economía argentina. Si Uruguay recibe un shock externo favorable, las restricciones domésticas se disimularán. Esto ya ocurrió durante los primeros diez años de la Era Progresista (2005-2014). Cuando el contexto externo cambió, el FA dejó de poder compatibilizar crecimiento con distribución. La economía se frenó y el FA perdió la elección de 2019. ¿Habrá aprendido el FA esta lección? No podemos saberlo a priori.