¿Cuál es hoy la principal limitante estructural que impide que Uruguay crezca por encima del 3 % anual de forma sostenida y qué medidas considerás imprescindibles para superarla?

La principal limitante estructural es un Estado sobredimensionado y que no hace bien su trabajo. Su peso se convierte en una mochila que asfixia al sector privado, ya sea a través de impuestos excesivos o normas que traban más de lo que ordenan.

Para mejorar el Estado, el primer paso es examinar con rigor el gasto público. En la realidad económica del Uruguay, la sostenibilidad no se logra con recortes gruesos y esporádicos, sino con una revisión minuciosa y constante de cada rubro. Cuando múltiples dependencias persiguen objetivos similares, el resultado no es solo el desperdicio de dinero: se multiplican las burocracias, se generan conflictos, se vuelve incoherente la acción pública y los ciudadanos terminan frente a un laberinto de programas que, irónicamente, fueron creados para asistirlos. Y, al final, nadie queda claramente responsable por los resultados, casi siempre insuficientes.

El segundo paso es aprovechar mejor el capital humano del Estado. Existe una reserva de talento que hoy permanece subutilizada, atrapada en un sistema de incentivos que que premia la estabilidad y la burocracia por encima de la productividad y el mérito.

El tercer paso para transformar el Estado es atraer nuevo talento de primer nivel a sus reparticiones. No alcanza con ajustar incentivos y esperar que, por sí solos, liberen la energía contenida: se necesita una inyección de profesionales capaces de oxigenar estructuras, romper inercias y elevar el estándar de desempeño. Para ello, es necesario identificar posiciones estratégicas donde contar con perfiles altamente capacitados pueda marcar una diferencia real. Son roles que, con respaldo directo desde la conducción política, pueden acelerar procesos, destrabar inversiones y asegurar que el país no pierda oportunidades por simple inercia o desidia.

El cuarto paso es encarar una readecuación profunda del marco regulatorio. La transformación debe nacer desde abajo, desde quienes todos los días enfrentan formularios interminables, permisos redundantes y exigencias que rozan el absurdo. Readecuar exige humildad: reconocer qué no funciona, qué sobra y qué se interpone entre los ciudadanos y un Estado que debería estar a su servicio. No se trata solo de eliminar papeles o rediseñar formularios digitales. Es algo más profundo: hace falta desatar los nudos que inmovilizan procedimientos, asumir responsabilidades y animarse a retirar exigencias creadas “por las dudas”. Implica también enfrentar intereses que se benefician de normas “con nombre y apellido”. Y, sobre todo, atreverse a avanzar, aun cuando eso implique tensiones con el statu quo.

Para transformar el Estado, incluyendo las empresas públicas, no basta con la voluntad del gobierno de turno: la demanda tiene que venir de la gente. Solo cuando la ciudadanía exija un cambio, quienes están arriba tendrán la fuerza necesaria para quebrar la inercia que llevamos décadas acumulando. El impulso real para mover estructuras rígidas no nace en los despachos, sino en la sociedad que pide y sostiene la transformación.

¿Qué condiciones debería construir el gobierno para atraer inversión privada —local y extranjera— de manera significativa?  ¿Y qué reformas estructurales son prioritarias para acelerar productividad y crecimiento en los próximos años?

Para atraer inversión, Uruguay debe ofrecer algo más que estabilidad jurídica. Ese activo ya está incorporado en nuestra reputación, y aun así la inversión permanece estancada desde hace más de una década en torno al 17 % del PBI, lejos del umbral —superior al 20 %— que permite crecer de manera sostenida. La ecuación es simple: si no hay rentabilidad empresarial, no habrá inversión, por más garantías jurídicas que se ofrezcan.

Uruguay arrastra un problema de encarecimiento relativo que, en gran medida, tiene su origen en el elevado gasto público. No corresponde exigirle al Banco Central lo que no está en su capacidad resolver: la única intervención realmente efectiva en el mercado cambiario ocurre cuando el Estado compra dólares con pesos respaldados por superávit fiscal, no con emisión ni con deuda. En Uruguay, alcanzar ese escenario ha sido, hasta ahora, poco más que una utopía.

Además de la reforma del Estado —la verdadera “madre de todas las reformas”—, hace décadas sabemos qué camino debe recorrer Uruguay para ganar competitividad: avanzar en cambios estructurales en materia laboral, en un sistema educativo que prepare mejor a las nuevas generaciones, y en una política activa que proyecte al país hacia el exterior.

El punto de partida debe ser una reforma laboral. Pagar bien es justo y muchos empresarios lo hacen aun a costa de su propio margen. Pero cuando los costos laborales crecen más de lo que la economía puede sostener, la contratación se frena y la inversión retrocede.

Uruguay necesita reglas más flexibles, capaces de adaptarse al funcionamiento real del mercado. Un ejemplo: un “banco de horas” que permita jornadas de hasta 12 horas, la acumulación de horas extra y su compensación mediante días libres. También es clave readecuar los criterios de ajuste salarial, otorgando mayor peso a la presencialidad —incluida la virtual— y menor a la antigüedad.

Finalmente, la negociación colectiva debería privilegiar convenios a nivel de empresa, que son los que reflejan de forma más fiel la productividad y las necesidades concretas.

La reforma educativa no admite espera. Uruguay lleva años aceptando resultados pobres con una serenidad difícil de justificar. Son fallas conocidas, enquistadas, que las mejoras graduales de distintos gobiernos no han logrado revertir. Cuando el fracaso se vuelve persistente y estructural, los ajustes menores pierden sentido: la dimensión del problema exige otra escala y otra ambición. El enorme rezago no tiene mayor misterio: es el resultado de un abandono de cursos casi racional, alimentado por planes de estudio rígidos y por la desconexión evidente entre las aulas y el mundo del trabajo. Ahí es donde la formación dual se vuelve una opción capaz de cambiar la historia. Su esencia es simple: aprender estudiando y trabajando, de forma paga y dentro del sistema formal.

Cuando un joven pasa parte de la semana en una empresa, lo que aprende en clase adquiere sentido; descubre oportunidades concretas y, sobre todo, encuentra un motivo para seguir. Este enfoque redefine el vínculo: el trabajo no aparece al final del camino, sino durante el aprendizaje. Centros educativos y empresas dejan de ser mundos separados para transformarse en socios con responsabilidad compartida.

Mejorar la promoción en el exterior es una pieza clave para el desarrollo del país. El presidente y sus ministros le rinden más al país cuando trabajan afuera que cuando se quedan cortando cintas o entregando medallas en ceremonias locales. Esas fiestas son entrañables, sí, pero el mayor servicio que pueden prestar a esos mismos pueblos es abrir puertas en el exterior para que lleguen inversión, empleo y futuro. Para abrir puertas, lo esencial es que las máximas jerarquías estén presentes en los lugares adecuados. Eso exige seleccionar agendas con inteligencia comercial, no por afinidades ideológicas, y aprovechar cada oportunidad que el mundo ofrece. Los resultados no son inmediatos, pero llegan. La evidencia internacional es clara: cuando la promoción exterior se hace con profesionalismo, el retorno económico es enorme.

¿Cómo impactarán en Uruguay los movimientos globales esperados para 2026: política económica de Estados Unidos, desempeño de China, volatilidad brasileña y nuevos esquemas comerciales?

El panorama global hacia 2026 se define con trazos gruesos: Estados Unidos ejecuta, China acelera y Europa duda.

Estados Unidos hace ruido y se mueve. Miles de millones de dólares apuntalan el regreso de la manufactura y el blindaje estratégico de los semiconductores. El apoyo al sector energético tradicional es explícito: carbón, petróleo y gas reciben estímulos sin rubor, mientras se suman incentivos para captar inversión tecnológica que llega con fuerza desde Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Catar, Japón y Corea del Sur.

China avanza sin pedir permiso. Jensen Huang, CEO de Nvidia, lo resumió con una frase que ya quedó para la historia: “China va a ganar la carrera en IA”. La evidencia acompaña: concentra el 23 % de las publicaciones globales en la materia y el 70 % de las patentes concedidas. El acercamiento estratégico con Rusia e India completa un eje que ya no oculta su ambición.

Europa no sale de su propio laberinto. El informe Draghi lo dijo con una frialdad quirúrgica: la sobrerregulación está extinguiendo la capacidad de desarrollo.

La foto regional hacia 2026 muestra a un Brasil en puja electoral que se libra sobre un terreno fiscal frágil y con un crecimiento económico anémico. Argentina, en cambio, llega con el escenario político despejado, pero con un reto igual de complejo: convencer a los inversores de que las reformas estructurales —esas que sostienen el crecimiento en el tiempo— no serán solo anuncios o leyes aprobadas, sino una realidad ejecutada.

En este contexto, Uruguay debe actuar guiado por sus intereses estratégicos, no por los impulsos ideológicos del gobierno de turno. Estados Unidos es nuestro principal destino de exportaciones. Le siguen China, Brasil, Argentina y Europa. A los norteamericanos les vendemos carne, naranjas, madera, servicios profesionales y software. China compra soja, carne y madera, pero no servicios. Brasil consume industria; Argentina, turismo; Europa, un poco de todo.

Y luego está ese mosaico de mercados dispersos por el mundo: socios menores en volumen, pero no en potencial. Entre ellos destacan Japón y Arabia Saudita, mercados exigentes, sofisticados y estratégicos, dispuestos a pagar por calidad. Uruguay no tiene que renunciar a sus principios para construir relaciones comerciales inteligentes. Se trata de leer con precisión el momento, usar el lenguaje adecuado y saber dónde estar y cuándo hablar. Defender los intereses del país no exige resignación: exige lucidez.

Finalmente, hay variables financieras que siempre deben observarse con atención. La tasa de interés internacional se mantiene estable en torno a los niveles actuales y los precios globales muestran un comportamiento mixto. El resultado es un contexto externo neutro para Uruguay: sin viento de cola, pero tampoco de frente. En estas condiciones, crecer depende de nuestra propia capacidad de remar. Y, cuando le toca hacerlo solo, la historia muestra que Uruguay avanza, en promedio, apenas al 1 %.

Si tuvieras que señalar dos oportunidades y dos riesgos decisivos para Uruguay en 2026, ¿cuáles serían y por qué deberían estar en la agenda de quienes toman decisiones?

Las oportunidades y los riesgos van de la mano. Las oportunidades surgen de hacer lo que se ha prometido y los riegos son las consecuencias de no hacerlo bien.

La primera oportunidad está en iniciar —de verdad y en la dirección correcta— el proceso de readecuación regulatoria anunciado por el gobierno, incluyendo cambios en el marco laboral y en el sistema educativo. La segunda exige ejecutar con éxito el Plan Nacional de Seguridad Pública, discutido durante todo el 2025 con los actores involucrados, para frenar el avance del crimen organizado en Uruguay.

La posible adhesión al Acuerdo Transpacífico (CPTPP), combinada con el inicio del proceso para ingresar como miembro pleno a la OCDE, puede convertirse —si se aprovecha bien— en el impulso que Uruguay necesita para pasar del verbo a la acción. Son caminos distintos, con exigencias diferentes: uno impone condiciones estrictas para permitirnos entrar; el otro ofrece acompañamiento técnico y respaldo, pero exige compromiso real.

El Acuerdo Transpacífico —que reúne a Japón, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Vietnam, Singapur, Brunéi, México, Chile y Perú, y concentra alrededor del 15 % del consumo global— ya otorgó su visto bueno para que Uruguay pueda sumarse, siempre y cuando acepte plenamente sus reglas. Es un club exigente, con casi una década de funcionamiento. No se entra sin cumplir. Para Uruguay, el ingreso implicaría mejorar el acceso a mercados especialmente atractivos para nuestra producción. Pero la puerta solo se abre si estamos dispuestos a readecuar el funcionamiento del Estado —en especial en compras públicas— para reducir barreras, aumentar la competencia y jugar con las mismas reglas que quienes están adentro.

La OCDE tiene la voluntad —discreta pero firme— de que Uruguay inicie el camino para convertirse en miembro pleno, con todo lo que ello implica. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, creada en 1961 y hoy integrada por 38 democracias que representan dos terceras partes de la producción mundial, nació para algo simple y poderoso: compartir buenas prácticas para que los países se desarrollen. Integrarse a ese espacio refuerza la reputación internacional, abre puertas y acelera mejoras en áreas donde, por nuestra propia dinámica interna, solemos quedarnos detenidos. La OCDE no impone —como tantas veces se le atribuye— una agenda cerrada de cambios fiscales o financieros. Sus miembros pueden plantear reservas, matices y ritmos; y, al mismo tiempo, acceder a apoyo técnico para modernizar políticas públicas según las necesidades de cada país.

Uruguay tiene que dejarse ayudar. Los procesos de acceso al Transpacífico y a la OCDE abren una ventana para escapar del laberinto complaciente en el que el país quedó atrapado durante demasiado tiempo: una comodidad aparente cuyas consecuencias negativas se volverán cada vez más visibles con el paso de los años.