
Cuatro desafíos de la política uruguaya
Desde el punto de vista político, 2022 fue un año particularmente difícil. El gobierno superó algunas pruebas cruciales, como la del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, pero tropezó con los affaires Marset y Astesiano, dos casos que conmovieron a la opinión pública y generaron un daño significativo dentro y fuera de fronteras. Este año no será más sencillo. Habrá numerosos desafíos en el plano político. Repasemos los cuatro principales.
El gobierno en curso
El primer desafío refiere a la productividad del gobierno. A medida que se acercan las elecciones queda menos tiempo y espacio para procurar cumplir las promesas electorales. Desde este punto de vista, el gobierno tiene muchos asuntos por delante. Entre ellos: terminar de aprobar la reforma de la seguridad social (que ya tiene media sanción), acelerar la implementación de la transformación educativa (pese a la resistencia de los sindicatos de la educación y la falta de apoyo de la oposición), avanzar en la apertura comercial (por ahora, en este tema, hay más intenciones que concreciones), combatir el narcotráfico (un problema de importancia creciente también en Uruguay), bajar la tasa de homicidios (según cifras oficiales aumentaron 25 % en 2022 respecto a 2021), atender los desafíos macroeconómicos (mantener bajo control la inflación y el déficit fiscal, manejar las demandas contrapuestas respecto al tipo de cambio), disminuir impuestos (se esperan novedades el próximo 1.o de marzo, cuando el presidente rinda cuentas ante la Asamblea General), recuperar salario (otra promesa clave), impulsar la obra pública (hay recursos asignados en el presupuesto), incrementar los esfuerzos para reparar la fractura social (uno de cuyos rostros más dramáticos es el de las personas en situación de calle).
Ningún gobierno puede aspirar seriamente a ser reelecto si no logra demostrarle a la opinión pública la existencia de un alto nivel de correspondencia entre promesas y realizaciones, y si no logra explicar de modo convincente por qué no logró cumplir alguna de ellas. Por cierto, una de las promesas de la coalición fue la de durar. Soy de los que piensa que, si la coalición llegara a romperse durante 2023, la probabilidad de su reelección disminuiría drásticamente. Tanto desde el punto de vista de la producción de gobierno (el de los hechos) como desde el ángulo de la comunicación con la opinión pública (el de los relatos) será decisivo el papel del presidente.
Elaboración programática
En paralelo, y por imperio del calendario electoral, durante este año deberán acelerarse los procesos de elaboración programática en todos los partidos. Este es el segundo gran desafío del cuarto año de nuestro ciclo político. Algunos partidos ya están avanzando. En el Frente Amplio, la Comisión de Programa ya ha venido trabajando, preparando el documento que, como es habitual, luego de un extenso debate interno, deberá ser aprobado en un Congreso Extraordinario a fin de año. Los partidos de la coalición de gobierno tienen, en este sentido, una exigencia adicional dado que deben dividir recursos humanos entre atender las responsabilidades actuales y pensar en la agenda del futuro.
No siempre se presta suficiente atención a los procesos de preparación de los programas de los partidos. Pero existe una relación directa entre la calidad del proceso de elaboración programática y la de la gestión de gobierno. Dicho de otra forma: los mejores gobiernos siempre han sido los que, antes de ganar, dedicaron más tiempo a pensar qué hacer en caso de tener que gobernar, y en cómo hacerlo. ¿Cuáles son, para nuestros partidos, los desafíos que deberá afrontar Uruguay durante el lapso 2025-2030? ¿De qué modo se proponen abordarlos? Aunque hay muchos otros temas muy importantes, reconozco que tengo especial interés en conocer qué va a proponer cada partido en materia de políticas de innovación, ciencia y tecnología. Si algo dejó en evidencia la pandemia, es que el desarrollo nacional pasa por ahí. Asimismo, confieso que voy a prestar también especial atención a qué compromisos asumen los partidos respecto al uso del Mecanismo de Urgente Consideración. Si algo dejó claro este gobierno es que hay formas más o menos convenientes de utilizar este instrumento constitucional.
Precandidaturas a la presidencia
El tercer desafío de 2023 nos remite a la cuestión de las precandidaturas a la presidencia. A lo largo de este año se terminarán de despejar las incógnitas respecto a personas y apoyos. Tanto en el Partido Independiente como en Cabildo Abierto no parece haber dudas. Pablo Mieres y Guido Manini Ríos están fuera de discusión. El panorama en los demás partidos es más incierto. En el Frente Amplio habrá varias precandidaturas. Además de Carolina Cosse y Yamandú Orsi (las más evidentes), seguramente el “seregnismo” proclame la de Mario Bergara. Todo hace pensar que también comparecerá Andrés Lima. Y no me asombraría que la primaria frenteamplista volviera a tener a Óscar Andrade entre sus principales protagonistas. Lo más probable es que, a la larga, durante el primer semestre de 2024, haya negociaciones y acuerdos entre algunas de las precandidaturas, en beneficio de las más visibles (Cosse y Orsi).
En el Partido Nacional hay un panorama similar. Aunque, en teoría, “no es tiempo de hablar de candidaturas”, los nombres se van asomando. Todo indica que Álvaro Delgado y Laura Raffo formarán parte del menú. No me asombraría que Juan Sartori vaya por la revancha. Hay que prestar especial atención a la movida de los intendentes agrupados en “Mejor País”, agrupación que llegó a un acuerdo con Javier García. Falta saber también si Beatriz Argimón entrará en la competencia y, en ese caso, con qué apoyos. Igual que en el Frente Amplio, es una ecuación con demasiadas incógnitas y es difícil señalar favoritos. Más incierto todavía es el panorama en el Partido Colorado. ¿Qué hará Pedro Bordaberry? ¿Qué hará finalmente Robert Silva? ¿Será precandidato por Ciudadanos? ¿Qué pasará en Batllistas? Se manejan varios nombres, como los de Tabaré Viera y Gabriel Gurméndez. ¿Qué hará Ignacio Munyo? ¿Dará o no el paso hacia la actividad política? A estos nombres, agréguese, al menos, el de Andrés Ojeda, Gustavo Zubía y Guzmán Acosta y Lara. En todo caso, el Partido Colorado es una caja de sorpresas.
La calidad del debate público
El cuarto desafío político de 2023 es evitar que se siga deteriorando la calidad del debate público. Los últimos dos años han sido francamente malos. El clima político de este país se ha vuelto tóxico. El tipo de oposición que hace el FA, en líneas generales, no contribuye a que podamos tener, en este país, un debate público sereno sobre estilos de gobierno y alternativas de políticas públicas. El FA, en general, apuesta a la estridencia, al juicio sumario, a la polarización. La oposición tiene la obligación de controlar, criticar, y de prepararse para gobernar. Pero, además, tiene que asumir su cuotaparte de responsabilidad sobre la calidad del debate público. Oponerse, está bien. Criticar, está bien. El tema es cómo y cuánto. Carlos Vaz Ferreira diría: “cuestión de grados”. Desde luego, la coalición de gobierno, desde marzo de 2020 en adelante, parece haber hecho todo lo posible para sacar al Frente Amplio de sus casillas. Durante estos tres años, el gobierno, en casi todos los temas importantes, incluyendo el COVID- 19, ha negociado lo menos posible con la oposición. El tamaño inusual de la LUC fue vivido por los frenteamplistas como un agravio. Además, al fin de cuentas, a Alejandro Astesiano no lo designó Fernando Pereira y el pasaporte a Sebastián Marset no fue expedido en “La Huella de Seregni”.
Desde el punto de vista de la relación entre los dos grandes bloques políticos que dividen al país, el calendario nos pone una prueba muy exigente: este año se conmemoran los cincuenta años del golpe de Estado de 1973. Más que nunca, quienes participamos del debate público estamos llamados a expresarnos con prudencia, midiendo cada palabra. Los líderes más veteranos, pienso muy específicamente en los ex presidentes Julio María Sanguinetti, José Mujica y Luis Alberto Lacalle Herrera, por trayectoria, influencia y talento, tienen una responsabilidad especial. En buena medida, el tono de la discusión sobre el pasado dependerá de ellos. Precisamos serenidad en la crítica y sinceridad para la autocrítica. Esto vale para los partidos. Pero también para la sociedad civil (sindicatos, empresarios, estudiantes, intelectuales). La discusión sobre el 73 puede ayudarnos a madurar, o hundirnos todavía más en el torbellino de la polarización. Basta mirar otra vez para el costado, en este caso, hacia la tragedia de Brasil, para entender que no podemos seguir jugando con fuego.
* Este texto es una versión corregida y aumentada del publicado en Búsqueda, n.o 2208 – semana del 12 al 18 de enero de 2023.