En Uruguay, el tercer año de gobierno de Lacalle Pou es el último escalón disponible para concretar la ejecución de su agenda. Este año, 2022, agrega la peculiaridad de un plebiscito que busca derogar más de un centenar de artículos de una ley que enmarca aspectos básicos de su gestión, referidos principalmente a reformas en la educación, junto a temas de seguridad, y otros de índole diversa. En realidad, se trata de recrear —por vía indirecta— una elección de medio término para tantear la fortaleza del gobierno y relanzar a una oposición alicaída tras su derrota electoral.

En suma, por delante queda articulado un panorama incierto, explicado por la evolución de una pandemia persistente, el resultado del plebiscito sobre la LUC y un panorama externo, en particular el regional, complejo.

Son hechos que dificultan la gestión del gobierno, justo en el año en el que debe pisar el acelerador para accionar una agenda que contiene reformas esenciales como la de la seguridad social, acciones concretas en materia de política comercial externa y el apuntalamiento de la inversión privada para fortalecer el crecimiento y el empleo.

Hasta ahora, los resultados de la gestión del gobierno han sido mejores que los esperados, dadas las dificultades inesperadas que tuvo que atravesar. Eso convalida capacidad para desempeñarse ante lo inesperado, un Ejecutivo que lidera financiado en una coalición de partidos que lo apoya a pesar de algún barquinazo que tuvo por el camino.

En esa tónica resalta un Ministerio de Economía que, con realismo, sabe lo que quiere y lo concreta con resultados. La macroeconomía al cierre de 2021 muestra que va por un sendero que rebaja el déficit fiscal estructural. Para algunos no a la velocidad deseada, pero, dadas las circunstancias, ha sido encomiable, máxime cuando se heredó una brecha fiscal en fase creciente. En paralelo, la economía crece (4 % en 2021), arrastrada por las exportaciones cuyo crecimiento causó que fuera 26 % superior al del nivel prepandemia en 2019. En ese desempeño se destacan las exportaciones agropecuarias, tanto por la suba de precios como por el volumen exportado, principalmente de carne. Ese resultado fue posible a pesar del pobre desempeño de su otro puntal, el turismo.

Este crecimiento apalancado en el sector agropecuario —incluida la forestación—, significa un entramado productivo sofisticado que conlleva efectos multiplicadores potentes muy superiores al de una actividad exportadora extractiva como la minería. Esto convalida el carácter estratégico de esos sectores y la vigencia de políticas que han facilitado a la vez que facilitan el proceso de inversión física y en capital humano que explican esos resultados. Sin duda estamos en presencia de un cambio estructural significativo de la matriz productiva, que no tiene marcha atrás, y que introducirá modernismo en áreas hasta ahora poco desarrolladas del país.

Sobre esta realidad que se ha venido leyendo en las últimas décadas es que debemos diseñar la visión de nuestro futuro. Y esa visión debe ser el norte para diseñar políticas de corto y largo plazo que nos acerquen a ese objetivo.

Como primera constatación, el sector exportador ha sido la fuente genuina de crecimiento de las últimas décadas. Fue el que sacó siempre al país de las dificultades. Lo hizo después de la crisis de principios de siglo, y lo está haciendo ahora a pesar de la pandemia. El cambio estructural de nuestra matriz productiva de alguna manera es el espejo de los cambios a nivel global en la demanda de alimentos por la irrupción de China. Esto también permitió que lográramos desacoplarnos de la región como demandante principal de nuestros bienes. Esto es de extrema importancia ya que, en las últimas décadas, la región ha mostrado un crecimiento escaso con episodios de crisis y volatilidad cambiaria.

En consecuencia, todo esto implica poner al día nuestra política comercial externa, tomando en cuenta que Asia es, desde hace tiempo, nuestro mercado externo preferente y que toda mejora en su acceso, por la vía que sea, genera una ganancia neta a nivel país. Lo cual no excluye activar en otras latitudes toda oportunidad que mejore el acceso a nuestra oferta exportable.

Profundizar el esfuerzo exportador requiere modernizar la infraestructura física en todas sus modalidades. Lo hecho es insuficiente, pues la inversión pública tiene sus límites para satisfacer los requerimientos necesarios. La incursión de la inversión privada no ha logrado colmar el déficit. Aquí yace un desafío al que hasta ahora no se le ha encontrado una buena respuesta. Lo cual hace pensar que los mecanismos público-privados serán los vehículos idóneos para tal fin, hecho que obliga a pensar sin preconceptos, inspirándose en experiencias externas exitosas y adaptándolas a nuestras posibilidades.

Por último, conviene recalcar que una macroeconomía consistente es la condición básica para apuntalar a un sector exportador vigoroso. Así lo constatan los ejemplos en países cercanos. Por esta razón, la actualización del sistema de seguridad social, considerando los cambios que impone la demografía, es impostergable.

Una vez más queda demostrado el carácter multifacético y sin pausa de la gestión de todo gobierno. En este caso, el actual mostró quilates para desempeñarse en tiempos complejos. El 2022, aunque incierto, esperemos que sea el año de las concreciones.