Nuestro país se juega mucho este 27 de marzo. Ese día, los uruguayos votaremos para respaldar o derogar buena parte de la LUC. El referéndum tiene implicancias en varias áreas de la política en la que el gobierno de coalición ha implementado cambios: en educación, seguridad ciudadana, vivienda, finanzas del Estado y derechos digitales, entre otros.

Lamentablemente, hemos visto en los últimos meses varias mentiras y muchas medias verdades desde la campaña que impulsó el referéndum. Por esta razón, aprovecharé estas líneas para echar luz e informar sobre los cambios más notables que trajo la LUC, convencida de que conocer la LUC es defenderla.

En temas de vivienda, la LUC crea un nuevo régimen de arrendamientos sin garantía para promover el acceso a la vivienda, manteniendo otros sistemas y respetando las garantías procesales. En esta ley también se crea una regla fiscal que fija medidas para que el Estado no gaste por encima de sus posibilidades y cuide los recursos en tiempos de bonanza para tener en los momentos de escasez. Además, la LUC establece la portabilidad numérica, permitiendo a los ciudadanos conservar su número si cambia de compañía, dándole libertad de elegir entre la operadora que más le convenga.

En cuanto a la seguridad, los uruguayos veníamos acostumbrados a un deterioro constante en términos de criminalidad y violencia. Deterioro tal que pasamos de ser uno de los países más seguros de América del Sur en 2005 a tener la cuarta tasa de homicidios más alta en 2019. En ese contexto, la LUC trajo cambios que se pueden resumir en: plantear un combate claro y frontal al delito, respaldar la función policial y otorgarle al sistema de justicia nuevas herramientas e instrumentos. Y parte de estos resultados se han visto en la reducción de delitos, tanto en 2020 como en 2021.

Ahora bien, si existiera solo un área por la que es necesario defender la LUC, sería por la educación y su transformación. Es aquí donde se juega buena parte del partido de nuestro desarrollo como país. Lo que sucede en el sistema educativo termina impactando, para bien o para mal, en otras áreas bien importantes de nuestras vidas. Impacta en la cantidad y calidad de los empleos, en la salud y también en la seguridad. Si bien es posible reducir el delito en el corto plazo —y así lo ha demostrado este gobierno—, ningún país logra reducir sostenidamente el delito cuando únicamente el 40 % de los jóvenes termina la educación media. Para cambiar esta realidad, es necesario transformar la educación.

Y, justamente, parte de esa transformación se ve impulsada notablemente por la LUC. Los artículos que los impulsores del referéndum buscan derogar traen cambios principalmente en tres áreas: cambios en la gobernanza e institucionalidad de la educación; profesionalización de quienes trabajan en la educación a través de la formación universitaria; facilita la implementación de un nuevo modelo de centros educativos.

En cuanto a la primera, la LUC establece la elaboración de un Plan de Política Educativa Nacional, respetando las autonomías respectivas, elaborado por los principales organismos encargados de la educación. Cuestión más que necesaria para coordinar los esfuerzos de todos los organismos en pos de tener una mejor política educativa. La coordinación y la sinergia multiplican el impacto de las acciones, y un buen ejemplo es el trabajo interinstitucional que han realizado la ANEP y la Udelar, que, resaltado por las autoridades de ambas instituciones, logró en 2021 un histórico incremento de matriculados en la Udelar. La LUC también modificó los antiguos consejos de educación: el Consejo de Educación Inicial y Primaria, el Consejo de Educación Secundaria y el Consejo de Educación Técnico Profesional en Direcciones Generales unipersonales. Al mismo tiempo, los directores de estos subsistemas pasan a asistir a las reuniones del Codicen, el Consejo Directivo Central, órgano superior de la ANEP. Estos cambios permiten que el país cuente con un organismo rector de las políticas educativas, que, aún con subsistemas, funcione de forma articulada y no como compartimentos estancos, priorizando el trayecto formativo de niños y jóvenes.

En segundo lugar, la LUC trajo un mecanismo que hace posible que los educadores alcancen el carácter de profesionales universitarios, asunto que los gobiernos del Frente Amplio no lograron resolver en 15 años. Esto representa una oportunidad para los educadores de mejorar sus perspectivas laborales, de adquirir conocimiento especializado en el exterior, de postularse a becas, y terminará impactando en una mejor formación de los educadores, aspecto clave en cualquier sistema educativo. La evidencia es abrumadora: si hay una variable que influye de forma decisiva en los niveles de aprendizaje, es la calidad de los educadores.

Por último, la LUC le da carácter legal a una serie de disposiciones que facilitan la implementación de un nuevo modelo de centro educativo. Lo hace, por ejemplo, al definir que se podrán establecer compensaciones y complementos salariales atendiendo circunstancias como el contexto sociocultural en el que se ubican los centros educativos o también requerirles a los educadores el compromiso con una metodología de trabajo o un proyecto de centro para el acceso o permanencia en un centro educativo específico.

En definitiva, la LUC plasmó una serie de reformas muy necesarias para el país. Sostenerlas y defenderlas es reafirmar el cambio que la ciudadanía votó en 2019. Es poner a Uruguay rumbo a un futuro prometedor.

A medida que avanza la campaña y participo de más actos en defensa de la LUC, más me convenzo de que, en definitiva, precisamos cambios aún mucho más profundos que los que plantea esta ley, porque el mundo no espera. No nos espera. Porque a Uruguay le urge transformarse. Y estos pequeños cambios en la dirección correcta no son solo necesarios, son imprescindibles.

Confiamos que con explicaciones claras y frontales la ciudadanía así lo va a entender.