La elección nacional de 2019 marcó el fin de un ciclo de quince años de gobiernos frenteamplistas. En la elección de octubre, el Frente Amplio, por quinta vez consecutiva, volvió a ser el partido más votado, pero Daniel Martínez, su candidato presidencial, fue derrotado en el balotaje por Luis Lacalle Pou. Para conseguir ese objetivo, el candidato del Partido Nacional articuló pacientemente una coalición electoral con los otros cuatro partidos con representación parlamentaria: Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente. El gran desafío del presidente electo es convertir el amplio respaldo que le permitió acceder a la presidencia en una coalición de gobierno cabal, capaz de cumplir con las esperanzas depositadas en él por sus votantes. La tarea que tiene por delante está lejos de ser simple.

El manejo de las expectativas generadas durante la campaña es, en verdad, uno de los principales desafíos que enfrentará el nuevo gobierno. La mayoría de los electores le dieron la espalda al Frente Amplio esperando que el nuevo elenco de gobierno equilibre las cuentas públicas, relance la economía, combata el crimen, reforme la educación y repare la fractura social. Desde luego, resolver estos asuntos está muy lejos de ser sencillo. Las soluciones en el plano estrictamente técnico son complejas. No es fácil equilibrar las cuentas públicas sin romper la promesa de incrementar los impuestos, mejorar la rentabilidad de las empresas sin deprimir el ingreso de los asalariados, disminuir rápidamente los niveles de criminalidad sin darle más margen de maniobra del razonable a la policía, y mejorar los resultados de las políticas sociales en un contexto de rigidez presupuestal. Tampoco es sencillo el panorama en el plano estrictamente político. La  coalición de gobierno, al menos por ahora, luce frágil. Lacalle Pou tiene muy buenos niveles de diálogo con cada uno de sus socios. Pero los socios no parecen confiar tanto entre sí. En cambio, todo indica que la oposición de izquierda (FA, PIT-CNT, organizaciones sociales) será intensa.

El nuevo gobierno, por su lado, tiene fortalezas significativas. En primer lugar, cuenta con un jefe a la altura de las circunstancias. Lacalle Pou es un presidente joven para el estándar uruguayo, pero tiene una amplia experiencia política. Durante toda la campaña electoral demostró aplomo, serenidad y pragmatismo para sortear los distintos obstáculos que fueron surgiendo (desde Juan Sartori, en la interna nacionalista, a Guido Manini Ríos, durante el segundo semestre de 2019). En segundo lugar, la “coalición multicolor” que respalda a Lacalle Pou tiene una partitura claramente definida, acordada antes del balotaje por los cinco partidos. La coalición, en sintonía con los reclamos del mundo empresarial, impulsará un viraje hacia el mercado en lo económico, políticas de seguridad alineadas con la intensa demanda de “mano dura”, que tanto encuestas como urnas han puesto de manifiesto, y cambios de relieve en políticas sociales (especialmente en educación y vivienda). También, reflejando la sensibilidad del presidente electo, el nuevo gobierno será el primero en tener una “agenda verde” significativa. En pocas palabras: el nuevo gobierno sabe lo que quiere.

La evidencia aportada por la historia reciente del país es muy clara en este sentido. Los tres gobiernos más exitosos, los que han tenido mejores resultados en materia de innovación, siempre han sido los que se tomaron el trabajo de elaborar sus propuestas de gobierno mientras estaban en la oposición[1]. En tercer lugar, el presidente electo tiene muy claro que debe aprovechar al máximo la primera parte de su mandato. Por eso mismo, tomó el riesgo durante la campaña electoral de anunciar que una parte importante de las reformas prometidas serán canalizadas hacia el parlamento en una ley de “urgente consideración”. Este resorte institucional (incorporado en a la Constitución en 1967 para fortalecer los poderes legislativos del presidente), en la medida en que acota el plazo de la discusión parlamentaria, es discutible en términos de calidad de la democracia. Pero su empleo, dadas las restricciones políticas ya mencionadas, tiene mucho sentido y está destinado a ser clave. El empleo combinado de este recurso (durante el primer semestre de 2020) y de la Ley de Presupuesto (durante el segundo semestre del mismo año) le permitiría al presidente, al menos en teoría, concretar rápidamente la mayor parte de su agenda de reformas durante el primer año de los cinco que dura el mandato.

La fase final del ciclo electoral, es decir, las elecciones departamentales y municipales, pueden favorecer o complicar la estrategia elaborada por el nuevo presidente para el primer semestre de su primer año de gobierno. El mejor escenario para Lacalle Pou es que el Frente Amplio se concentre en las elecciones departamentales (por ejemplo, en retener el gobierno de Montevideo) y no en enfrentar la agenda de reformas puesta a consideración del parlamento. A su vez, el peor escenario para el presidente electo es que los partidos de la “coalición multicolor” compitan con ardor entre sí por los cargos departamentales, restándole energía, apoyo y consistencia al gobierno nacional. La intensidad de la autocrítica frenteamplista, que sus dirigentes anuncian para una vez que haya finalizado el ciclo electoral 2019-2020, incidirá también en la capacidad del Frente Amplio para resistir las reformas impulsadas por el nuevo gobierno.

En cualquier caso, todo indica que el primer año del mandato de Lacalle Pou será el más importante de su presidencia. Es el momento en el que contará con el mayor respaldo político (“luna de miel” con la opinión pública y apoyo parlamentario asegurado) y con la menor resistencia por parte del Frente Amplio (entretenido, primero, con las elecciones departamentales y, después, con la autocrítica). A partir de 2021 es muy probable que las circunstancias políticas cambien. La competencia dentro de la coalición por la sucesión de Lacalle Pou se intensificará junto con la resistencia de los partidos y organizaciones sindicales y sociales de izquierda. Por cierto, también será intensa la disputa por la herencia de los grandes líderes frenteamplistas que están saliendo de la escena: Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori. En suma, cuando ganó el Frente Amplio en 2005 no era difícil suponer que comenzaba un ciclo de gobiernos frenteamplistas. Es mucho más arriesgado hacer una afirmación similar ahora.

[1] Me refiero a las presidencias de Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), Julio María Sanguinetti (1995-2000) y Tabaré Vázquez (2005-2010).