El nuevo gobierno recibe una herencia complicada. La inseguridad en las calles, el estancamiento generalizado de la economía (más allá del proyecto UPM 2), el atraso cambiario, la elevada inflación y la delicada situación fiscal son ejemplos claros y contundentes. Sin embargo, la herencia más delicada que el próximo gobierno va a recibir es la educación. La realidad del sistema educativo es una fuerte restricción para el desarrollo económico y social del Uruguay.

La calidad de la formación de las nuevas generaciones es una de las principales limitantes en la aspiración de seguir mejorando el nivel de vida en Uruguay. La OCDE nos dice que, sin cambios educativos profundos, nos olvidemos de mejorar significativamente el ingreso de los uruguayos. El Banco Mundial nos muestra evidencia de que, como consecuencia de la mala calidad educativa, sufrimos un serio rezago en la movilidad social intergeneracional o la posibilidad de que los hijos aspiren a mejorar la situación socioeconómica de los padres. Estudios locales sugieren que una de las principales razones que explican el incremento de la delincuencia en la última década son los bajos salarios en los contextos desfavorables en comparación al botín de las actividades delictivas.

Los resultados conocidos recientemente de la edición 2018 de las pruebas PISA no hacen más que reconfirmar lo que sabemos desde 2003, momento a partir del cual tenemos una auditoría externa al sistema educativo con estándares comparables a nivel internacional. Estas pruebas se toman cada tres años en casi 80 países y están diseñadas especialmente para medir el potencial que tienen los jóvenes de todo el país para insertarse en la sociedad. Las cinco ediciones realizadas nos muestran que la mitad de los uruguayos que entran al mercado de trabajo no está en condiciones de cumplir con tareas que requieran tomar decisiones complejas. También nos muestran que son funcionalmente analfabetos: saben leer y escribir, pero no pueden procesar información para resolver un problema, ni hacerse preguntas relevantes para aprender en el proceso.

Los resultados son tan estables como preocupantes desde hace 15 años. Solo el 40 % de las personas de 15 años que tomaron las pruebas el año pasado en Uruguay lograron alcanzar niveles mínimos de suficiencia en las tres áreas evaluadas: matemáticas, ciencia y compresión lectora. El promedio de este mismo indicador asciende a 53 % para todos los países que tomaron las pruebas y a 67 % para los países de mayores ingresos (miembros de la OCDE).

Los datos presentados a nivel global muestran que la inversión que se realiza en educación importa. En general, los que más gastan por estudiante son los que tienen mejores resultados. Pero obviamente no alcanza solo con aumentar los recursos económicos. Esto se puede ver con claridad si se cruza el gasto por estudiante a lo largo del periodo de escolarización con los resultados de las pruebas PISA. Hay países como Serbia y Rumania que gastan bastante menos que Uruguay y obtienen mejores resultados. El porcentaje de jóvenes que supera los mínimos requisitos de suficiencia asciende a 42 % en Rumania y 47 % en Serbia. Hay otros que gastan lo mismo que Uruguay, como Argentina y Brasil, y les va peor. Solo un 25 % supera el umbral de suficiencia en Argentina y 27 % en Brasil. Naturalmente, también están aquellos que gastan más que Uruguay —como Croacia y Estonia— y les va mucho mejor. El 60 % de los adolescentes que toman las pruebas PISA en Croacia y el 83 % en Estonia logran la suficiencia mínima.

Estudios de la OCDE analizan aquellos sistemas educativos que han logrado mejoras significativas a través de las sucesivas ediciones de las pruebas PISA y encuentran enormes similitudes. Las investigaciones muestran algunos factores comunes en los países que logran escalar posiciones: i) la distribución de estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos en las instituciones educativas, ii) la detección de dificultades y atención temprana, iii) docentes con la capacidad de afectar positivamente las expectativas de los estudiantes, iv) el horario extendido con actividades extracurriculares, y v) el fuerte involucramiento de los padres. Lo anterior muchas veces se viabiliza con directores de las instituciones educativas con plena autonomía de gestión y que deben responder por los resultados que obtienen. No por casualidad son todos aspectos presentes en las propuestas de Eduy21, que fueron respaldadas públicamente por el sistema político en su lanzamiento y en los programas de gobierno de la nueva colación.

Las propuestas de Eduy21 ponen especial foco en buscar respuestas al impacto de la tecnología en el trabajo a través del desarrollo en las competencias no robotizables: adaptabilidad, capacidad para resolver problemas y empatía.

Investigaciones internacionales concluyen de forma contundente que el factor más relevante para mejorar los resultados educativos es la calidad de los docentes. Ahí en comparación internacional estamos muy mal parados. Según los datos publicados junto con los resultados de PISA, apenas la mitad de los docentes de educación media en Uruguay están titulados. En el resto de los países que participan en las pruebas, tanto avanzados como en desarrollo (la mitad de los países que participan en PISA son miembros de la OCDE y la otra mitad no), los docentes titulados superan el 80 %. Mientras que en las aulas de Uruguay el 26 % de los alumnos recibe clase de profesores que no están preparados para la tarea (según los directores de las instituciones en las que trabajan), son solo el 16 % en el resto de los diversos países que participan de PISA.

El problema es muy serio y tiene larga data. La herencia recibida es responsabilidad de todos. Sin cambios profundos habrá que resignarse a que la calidad de vida de la mayoría de los uruguayos no pueda mejorar en el futuro. La buena noticia es que hoy existe una hoja de ruta elaborada por los mejores profesionales en la materia y consensuada por el sistema político. No se puede postergar más la acción.