Como reza una de las máximas más lúcidas de Baltasar Gracian, sacerdote jesuita del siglo XVII y autor del célebre Oráculo de la Sabiduría: el éxito del buen gusto es encontrar inmediatamente lo bueno de cada cosa. Por eso es que corresponde iniciar estas líneas reconociendo no solo el papel crucial del fenómeno sindical en la mejora de las condiciones laborales en la historia democrática del mundo, como lo ha recibido la Doctrina Social de la Iglesia, sino destacando la integridad y lealtad que los sindicatos han demostrado en nuestro país durante muchas décadas.

Dicho lo anterior, como he venido sosteniendo durante los últimos años al abordar el potencial proceso de acceso de Uruguay a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que cristalizó en la investigación que desarrollamos para Pharos junto a un equipo de la Universidad de Montevideo[1], nuestro país no puede permanecer complaciente. Uruguay debe proponerse seriamente las mejoras estructurales imprescindibles para salir de la trampa de la renta media en la que está atrapado desde hace muchas décadas, a pesar de haber gozado de extensos períodos de progreso económico. Debe medirse de forma fiable con las naciones que hoy aplican las mejores prácticas en múltiples áreas como la educación, la infraestructura, la inserción inteligente en el mundo y el mercado del trabajo.

Sin dudas el más alto desafío para Uruguay en el futuro es que los sindicatos cobren protagonismo ante el inexorable impacto que tendrá la tecnología en el trabajo, y que asuman el liderazgo para la ineludible reforma de nuestro sistema educativo. Como advirtió la OCDE en sus dos estudios multidimensionales sobre nuestro país, si bien la oferta de educación básica en Uruguay sigue siendo fuerte, las inequidades de acceso y la baja calidad, particularmente en la educación secundaria, representan un alto desafío para el desarrollo, y lastran nuestra productividad y competitividad.

Para lograr lo anterior, es imprescindible generar un ecosistema de confianza, flexible, entre los empresarios, los sindicatos y el Gobierno, en el que exista espacio para ajustar acuerdos de sector a las condiciones de cada empresa. Un sistema definido por la misma OCDE como de “descentralización organizada”, que contribuya a alcanzar mejores condiciones laborales, combinando buenos niveles de inclusión con flexibilidad en el diálogo social[2].

Aunque, yendo a algo más tangible e inmediato, en mi experiencia como asesor de inversores extranjeros que apuestan por Uruguay he podido conocer los desafìos concretos que presentan las relaciones con los sindicatos cuando se trata de proyectar inversiones de largo aliento.

Uno de los aspectos más necesarios para mejorar esta perspectiva es establecer una regulación precisa, transparente y predecible del funcionamiento y relación con los sindicatos. Como destaca Rodrigo Arim en su muy detallado trabajo sobre la negociación colectiva en Uruguay[3], de acuerdo con la normativa internacional el Estado debe “establecer reglas claras y procedimientos para alcanzar acuerdos, procesos para la resolución de disputas y acceso a la información como sostén de una negociación relevante”.

No se trata de que en Uruguay no existan reglas, sino de que ellas deben consolidarse, profundizarse y mejorarse. Los hechos lo demuestran: no en vano en el acuerdo suscrito por nuestro país con UPM en noviembre de 2017, se incluyó un capítulo específico con una serie de exigencias en materia laboral como condición para que la empresa ejecute la millonaria inversión en su segunda planta de celulosa. En esa sección se requiere un acuerdo en materia laboral, con participación de sindicatos y gremios de la construcción y la industria metalúrgicao, en el que se determinen las reglas que permitan tener una relación estable y predecible en materia laboral, así como mecanismos efectivos para prevenir y resolver conflictos[4].

Como gran inversor internacional, UPM ha tenido que conocer a fondo la realidad sindical uruguaya, y requirió aquello que consideró imprescindible para que su proyecto en nuestro país fuera viable y sostenible. Muchos inversores nacionales también conocen esta realidad, aunque tienen menor poder de negociación. Avanzar en estos aspectos de forma generalizada y democrática es esencial para que Uruguay se acerque sin prejuicios hacia el desarrollo genuino.

[1] Uruguay miembro de la OCDE: un camino al desarrollo, Pharos, Academia Nacional de Economía, Montevideo, 2016.

[2] OECD Employment Outlook 2018.

[3] Serie Estudios y Perspectivas, CEPAL, 2016.

[4] Agreement ROU-UPM, 7-11-2017, Section 3.6.