¿Cuál es el rol de las encuestas en una democracia?

La opinión pública es el actor central y principalísimo de las democracias. El surgimiento de la democracia como mecanismo de gobierno y su expansión en el mundo durante el siglo XX han ido de la mano con un proceso social de fondo que es la creciente valoración de la opinión de los ciudadanos. La voz de la opinión pública se hace sentir y se expresa cotidianamente: a veces en forma organizada y relativamente institucionalizada (por ejemplo, a través de organizaciones sociales), a veces en forma inorgánica y relativamente caótica (marchas, protestas, expresiones a través de redes sociales).

Muchas veces hay “minorías movilizadas” que generan mucho ruido público y opacan en el debate a “mayorías silenciosas”, que por diversas razones no se expresan. Esto ocurre frecuentemente, por ejemplo, con las redes sociales. En este contexto, es difícil para los gobernantes —y para cualquier observador— calibrar la verdadera magnitud de las opiniones expresadas, es decir, saber a cuántas personas representan realmente. Y no es un tema menor: la buena democracia, la buena política, debe responder a —o al menos tomar muy en cuenta— la opinión de los ciudadanos. Aquí aparece el verdadero valor de la investigación científica de opinión pública. Es, hasta el momento, la única herramienta que permite medir el estado de opinión a través de un método que se abstrae del “griterío” del debate público y de la dinámica de polarización de las redes sociales.

Cuando en una sociedad existe buena investigación de opinión pública, su democracia es más sólida. Su liderazgo —político, empresarial, mediático— tomará mejores decisiones, porque estará mejor informado del verdadero sentir del público. Y estas mejores decisiones repercuten positivamente en el colectivo. Por el contrario, las sociedades en las que la investigación de opinión pública ha sido bastardeada, ya sea por malos profesionales, o por agentes externos que agreden la profesión, suele verse una pérdida de calidad del sano debate democrático, como ha ocurrido en varios países de la región. De esta forma, la investigación de opinión pública contribuye a la calidad de la democracia.

¿Por qué creés que la campaña electoral uruguaya de 2019 fue tan dura, con fuertes intercambios entre los candidatos de los diferentes partidos?

A mi juicio no es del todo claro que la campaña electoral 2019 haya sido particularmente dura, ni que los intercambios entre los candidatos hayan estado muy fuera de tono. Por el contrario, tengo la impresión de que fue una campaña muy razonable en estos términos. La competencia democrática implica contraposición de posiciones y argumentos, conflictos de valores, y debates públicos sobre las fortalezas y debilidades de quienes aspiran a gobernar el país.

En Uruguay estos debates siempre transcurren de forma moderada, tienen límites, y eso lo vimos también en esta campaña. Eso es una fortaleza del país, de la que creo que todos son conscientes. El día después de la elección hay ganadores y perdedores, a uno les tocará ejercer el gobierno y a otros la oposición, y eso es aceptado sin problemas significativos. La transición de gobierno —incluso cuando hay un cambio de gobierno después de 15 años consecutivos— es elogiada internacionalmente. En Uruguay hay confrontación política, hay conflicto ideológico, pero no hay grieta.

En tu opinión, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentará el nuevo gobierno de cara al 2020?

No soy economista, pero los economistas que más respeto entienden que nuestro país tendrá dos desafíos importantes: controlar el déficit fiscal, para evitar que continúe aumentando el endeudamiento o empeoren sus condiciones; y recuperar niveles de inversión que reimpulsen el crecimiento económico y produzcan efectos positivos sobre el empleo.

Desde el plano político, el gobierno electo tendrá un desafío interno relacionado con el funcionamiento de la coalición. A diferencia del Frente Amplio, que es una coalición de partidos (o un “partido de coalición” según el colega Jorge Lanzaro) fuertemente institucionalizada, la “coalición multicolor” está dando sus primeros pasos y, por tanto, tiene muchos menos reglas establecidas sobre cómo funcionar.

Por otra parte, enfrentará una oposición fuerte en el Frente Amplio, que posiblemente no será tan intensa en el primer año de gobierno, pero que se volverá más desafiante a medida que nos acerquemos al próximo período electoral. Desde el punto de vista social, enfrentar la seguridad pública es el principal “mandato” del público uruguayo hoy.

El Latinobarómetro arrojó datos sobre una “caída al apoyo de la democracia” en los últimos años. ¿Está amenazada la democracia de la región?

La democracia representativa, por la cual los ciudadanos delegan el poder a los gobernantes y vuelven a evaluarlos cada cierto tiempo (cuatro, cinco o seis años) está teniendo problemas para funcionar en un mundo que hoy se mueve a otra velocidad, cambios tecnológicos mediante.

Hoy los gobiernos son evaluados por los ciudadanos en forma constante, diaria, y no es sencillo dar respuesta a este contexto. Esto no es solo un problema de la región, sino un problema del mundo entero. La dinámica de las sociedades actuales amenaza significativamente a las instituciones de la modernidad (gobiernos, partidos políticos, iglesias, empresas, organizaciones en general), no solo por la orientación hacia la inmediatez, sino por otro cambio cultural fuerte de esta era: la búsqueda de la “horizontalidad” por sobre la “verticalidad”. Casi todas las instituciones mencionadas funcionan bajo la lógica de verticalidad, porque son producto de su época. Así como las empresas, también los partidos políticos y los gobiernos (la democracia en su conjunto) debe buscar formas para adaptarse a los nuevos tiempos.

¿Qué es necesario para fortalecer la democracia?

No están claros aún los caminos. El mundo está en una etapa de ensayo y error sobre estos temas, y todavía falta un tiempo para poder ver con claridad qué funciona y qué no. Pero señalaría dos elementos que me parecen centrales.

Primero, fortalecer los partidos políticos. Aunque es cierto que estos están amenazados y deben adaptarse a los nuevos tiempos, continúan siendo la mejor invención para articular demandas sociales y canalizarlas en la agenda pública. Es necesario procurar mayores niveles de financiamiento hacia los partidos (desde el Estado, y desde el sector privado, que en Uruguay en general tiene un bajo nivel de compromiso con la política).

El segundo apunte tiene que ver precisamente con esto. La calidad de la democracia, que es posiblemente el principal activo-país de Uruguay, no es responsabilidad solo de los políticos o de los partidos: es responsabilidad de todos. Los países en los que el sector privado le “soltó la mano” a la política, y se alejó de ella adoptando posiciones críticas y poco colaborativas, terminaron con un país mucho peor que el que tenían.

La buena política trae cosas buenas para todos, y la mala política cosas malas para todos. Por eso todos somos responsables de construir buena política y ayudar a la política: desde la empresa, desde los medios de comunicación, desde el mundo sindical, desde la academia.