Vivimos un contexto de crisis global sin precedentes recientes en la historia de la humanidad. Por su escala, por su forma y por la incertidumbre respecto a su alcance en el tiempo, la crisis económica que desata la pandemia global del COVID-19 pone en crisis los modelos, los mecanismos de funcionamiento y las fórmulas de respuesta a las necesidades que se generan en la economía global.

Esta crisis profundiza y evidencia los aspectos estructurales que expresan las desigualdades que se forjan en el marco de las sociedades bajo la hegemonía capitalista. La fase actual —desatada por una emergencia sanitaria que puso en jaque las respuestas diseñadas por los Estados y los poderes fácticos que operan a todos los niveles, fundamentalmente a nivel transnacional— nos enfrenta a un escenario nuevo, desconocido y cargado de incertidumbre. La globalización, como paradigma del tiempo histórico que vivimos, puesta en crisis.

Los aeropuertos cerrados, el comercio exterior con restricciones, los espacios públicos restringidos, los sistemas de educación y de salud tensionados… En definitiva, la vida alterada por un virus que en rápidamente se transformó en la referencia principal de nuestras vidas.

Constatar estos aspectos para dimensionar el volumen de la crisis no puede ser ni una excusa para negar la reflexión crítica sobre aspectos de fondo que trascienden ampliamente el virus como explicación de la crisis, ni una invitación a la resignación o a la parálisis. Es necesario complejizar el análisis de la situación para evitar formulismos prescindentes de elementos que articulados ponen a la humanidad frente a desafíos importantes.

A esto se suma un clima imperante en la discusión pública que pretende encubrir entre los efectos de la pandemia intencionalidades políticas que nada tienen que ver con el virus. Es imperioso reforzar la capacidad crítica en las sociedades, para que la pandemia no se convierta en un terreno fértil para la propagación de discursos autoritarios. Es necesario estar alerta a cualquier tentación que implique procesos de centralización del poder político que menoscabe la democracia bajo pretextos de combatir la pandemia.

Nuestro país amaneció un día en crisis. Esta afirmación no supone negar los aspectos estructurales de larga data que explican las situaciones que se generaron en el marco de la crisis sanitaria, supone entender que el factor explicativo para la aceleración no era previsible. Sucedió, y alteró sustancialmente la vida del país.

Está claro que, ante un escenario así, los impactos son inevitables. Pero queda en la órbita de las decisiones políticas hacia dónde se dirige la carga de estos impactos, asumiendo que no todos los sectores de la sociedad están en las mismas condiciones de afrontarlos. Las pequeñas y medianas empresas, las trabajadoras y trabajadores informales, los sectores vinculados al turismo y los sectores que se ven afectados por los cambios que produce la pandemia en el comercio internacional tienen un impacto más directo.

De un día para el otro, 400 000 personas vieron desaparecer su fuente de ingresos. Esto se tradujo en envíos al seguro de paro, despidos, cierres de pequeñas empresas y cientos de miles de personas que quedaron desamparadas.

Desde el primer día el movimiento sindical tuvo una actitud responsable, asumió los lineamientos de la autoridad sanitaria para el cuidado de la salud y planteó iniciativas que abordaron en sus múltiples dimensiones la complejidad de la situación. Protocolos sanitarios en los centros de trabajo para que el funcionamiento de la economía no implique exponer la vida, y medidas sociales y económicas que dieran cuenta de los impactos en este plano de la emergencia.

En primer lugar, propusimos dar una respuesta inmediata para las personas que de un día para el otro se quedaron sin ingresos: un ingreso de emergencia equivalente a un salario mínimo para las personas que se encuentran fuera de la cobertura social. El mecanismo de subsidio por desempleo especial fue un gran acierto, aunque fue y sigue siendo absolutamente insuficiente.

En segundo lugar, propusimos una canasta de emergencia para los servicios públicos que permitiera acceder a los servicios a las familias que en el marco de la pandemia vieron, en el mejor de los casos, reducir su fuente de ingresos. Dos aumentos consecutivos de las tarifas públicas en menos de un año fueron la respuesta incomprensible que brindó el gobierno a esta situación.

Como tercer elemento de una batería de doce medidas, estaba la necesidad de evitar desalojos durante el período de pandemia. Dejar a una familia sin hogar en este contexto (y en cualquier momento) no cumple con los más elementales criterios de humanidad.

La política de recortes y ajuste que evidencia el Presupuesto Nacional y la política salarial en el sector público y privado van en sentido contrario a esta línea. La obsesión por el déficit fiscal sigue en piloto automático, sin contemplar un punto de quiebre que sacudió el funcionamiento de la economía en todo el planeta. Desde el punto de vista humano, este lineamiento es objetable. Pero también lo es desde el punto de vista económico. En un contexto como el actual, debilitar el mercado interno tiene fuertes implicancias en el empleo y en la actividad empresarial, fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas, uno de los motores principales de la economía uruguaya.

Lejos de un Estado que se retire de la actividad económica, precisamos políticas públicas que estimulen y eventualmente subsidien al entramado empresarial que más genera empleo. Hacen falta políticas diferenciales para pequeñas y mediana empresas, y mecanismos especiales para el turismo, golpeado por una temporada inevitablemente mala.

El sentido común del mundo avanza en un rumbo contrario a los recortes. Cada vez son más fuertes los consensos internacionales respecto a la necesidad de estimular la economía desde el Estado, algo que supone gastos que nuestro país está en condiciones de realizar en virtud de sus fortalezas.

Pasado el tiempo, cuando nos toque revisar nuestras respuestas ante esta situación, soy de los que prefiere asumir el costo económico de haber evitado que, en el medio de esta crisis, los sectores más vulnerables de la sociedad quedaran sumergidos, condenando a varias generaciones de compatriotas a la exclusión.