Ante la situación que está viviendo la sociedad uruguaya en su conjunto y especialmente la educación, Eduy21 asumió el compromiso de compartir una serie de consideraciones y propuestas. Un documento más extenso con estas propuestas fue presentado al presidente de la República en diciembre de 2020.

Demandas y desafíos de la educación

En abril de 2020, el Comité de los Derechos del Niño instó a los Estados a considerar los múltiples impactos sanitarios, educativos, económicos y recreativos. Asimismo, advirtió que el aprendizaje en línea no debe profundizar las desigualdades ni reemplazar la interacción alumno-maestro.

Por otra parte, la Sociedad Uruguaya de Pediatría recomendó el regreso de niños y niñas a las clases presenciales, entendiendo que la escuela es un factor protector contra otros problemas de salud vinculados a aspectos emocionales, el trastorno del sueño o la obesidad.

Además, UNICEF solicitó a los países realizar los mayores esfuerzos para el retorno de los niños, niñas y adolescentes a los centros educativos, atendiendo al impacto negativo que la inasistencia ha causado a nivel de salud física y mental, nutrición, seguridad y aprendizajes.

Es necesario también tener en cuenta la encuesta docente implementada en julio por la ANEP, en la que se recogieron valoraciones centradas en el período de suspensión de las clases presenciales. De acuerdo con los maestros, solo el 50 % de los alumnos participaron de manera activa de las propuestas educativas. Por su parte, los profesores identifican que en educación media el promedio de participación activa fue de un 49 %.

La continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco de la pandemia enfrenta desafíos vinculados a las posibilidades de acceso y uso efectivo de las plataformas digitales, a la formación y al desarrollo profesional docente para el desempeño en entornos virtuales, al manejo de la complementariedad entre la presencialidad y la virtualidad, a las capacidades familiares para acompañar la educación a distancia, y a las estrategias de los centros educativos para ampliar la presencialidad movilizando instituciones y recursos comunitarios.

Educación presencial y transformación del sistema educativo

Desde Eduy21 entendemos que, en el marco del respeto y apego a las medidas sanitarias tomadas por las autoridades, es imprescindible avanzar hacia la plena presencialidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los centros educativos de educación formal durante todo el año. Esto se fundamenta en una serie de razones.

Primero, en la necesidad de asegurar el pleno derecho a la educación y al aprendizaje, así como velar por el cuidado de toda la población en las edades de asistencia a la educación obligatoria. Segundo, en la responsabilidad de apoyar a las familias que ven sensiblemente afectadas su calidad de vida en este contexto de pandemia y con foco en los grupos más vulnerables.

Tercero, en la importancia de dar continuidad a la tarea educativa. La proactiva labor del Plan Ceibal sumada a los niveles altos de conectividad del país y a las acciones llevadas adelante por las autoridades han permitido dar continuidad a la educación a través de plataformas digitales. Esta situación nos destaca en la región latinoamericana y caribeña.

Es necesario hacer visible y transparentar, sustentado en datos de acceso público, que la educación en línea no ha llegado a todos y que se registran situaciones de disparidad en los distintos centros educativos en relación a la frecuencia de presencialidad, afectándose la continuidad, progresión y completitud de los aprendizajes, así como la dinámica cotidiana de las familias.

En este sentido, Eduy21 plantea una serie de líneas de acción que entiende que son un aporte a la situación de emergencia que vive la educación, pensando en el 2020-2022 como un ciclo unitario de formación.

Acciones de política educativa

Se necesita fortalecer la conducción unitaria de la política educativa en el ámbito del MEC y que, en coordinación con las instituciones que conforman el sistema nacional de educación —y referentes de la educación—, reafirmen la necesidad y urgencia de proponer acuerdos amplios para el desarrollo de una planificación sensible a la situación de pandemia, con propuestas que garanticen el derecho a la educación de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país.

También hace falta instrumentar un conjunto de iniciativas considerando el calendario escolar 2021-2022 para que, en el marco de dicha conducción unitaria, se promueva la continuidad de la enseñanza y del aprendizaje privilegiando la salud, el bienestar y la equidad bajo una concepción integral del bienestar del alumno. Asimismo, resulta necesario prestar especial atención a los sectores vulnerables con el objetivo de contrarrestar la profundización de la brecha educativa y los efectos de la pandemia en diversos planos. 

Proponemos generar un fondo COVID-19 de emergencia para la educación, administrado a través de un fideicomiso, que permita financiar acciones oportunas y efectivas, orientadas fundamentalmente a la ampliación de capacidades del sistema educativo para sostener la presencialidad y la revinculación en los centros educativos, así como la continuidad, fluidez y consolidación de los aprendizajes. En un escenario en el que se necesita ampliar los espacios educativos y la proporción de adultos por estudiante, resulta imprescindible destinar los recursos económicos fundamentales para que ello sea posible, y que sea entendido como un esfuerzo de la sociedad en su conjunto.

Otra propuesta es desarrollar las comisiones departamentales de educación con el objetivo de hacer un mapeo general de los recursos edilicios (ya sea de centros educativos como de diversas instalaciones llevadas adelante por la sociedad civil) para que estos puedan ser espacios adecuados que permitan la presencialidad sostenida, sistemática y permanente en el conjunto de la educación obligatoria. Disponemos de una red de instituciones con múltiples finalidades sociales que podría ser un sostén fundamental del reforzamiento de la presencialidad.

Además, es clave crear equipos que apoyen la revinculación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los centros educativos, apelando a la incorporación de profesionales y estudiantes avanzados de áreas sociales y educativas para un abordaje comunitario integral en todo el territorio durante el 2021. También habrá que generar mecanismos de consulta que brinden mayores oportunidades para que las opiniones de las familias y la de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean recabadas y tomadas en cuenta en las definiciones que se tomen.

Acciones curriculares

En 2021 habrá que avanzar hacia modos híbridos de enseñanza, aprendizaje y evaluación en todos los niveles del sistema educativo ajustado a las necesidades específicas de formación en cada uno, así como localizado en cada región y contexto particular. En este sentido, Uruguay dispone de una serie de condiciones favorables para el desarrollo de los modos híbridos sustentado en las fortalezas del Plan Ceibal y en otras iniciativas desarrolladas por la ANEP.

Desde Eduy21 proponemos reorganizar el calendario escolar en bloques bimestrales, y que haya evaluaciones claras al final de cada uno que den evidencia de los procesos de aprendizaje de cada niño, niña, adolescente o joven.

Hay que incorporar a los espacios de formación docente inicial (institutos magisteriales y de formación de profesores) propuestas educativas para el abordaje de la enseñanza, los aprendizajes y la evaluación en los modos híbridos (complementariedad presencialidad-virtualidad). También hay que incorporar a la formación docente continua, de modo masivo, herramientas de trabajo sostenido y planificado de los modos híbridos.

Es vital brindar apoyos a las familias para garantizar el acceso a las condiciones requeridas para que los modos híbridos de educación constituyan un instrumento igualador de oportunidades en las instancias en que sea necesario reducir la presencialidad plena en los centros educativos.

También lo es ampliar el tiempo pedagógico en territorios del país en donde se registren los mayores índices de vulnerabilidad social, apelando a una visión compartida y a una coordinación estrecha con recursos comunitarios y organizaciones de la sociedad civil.

Asegurar el suministro del servicio de alimentación escolar, extendiéndose a la educación media básica e implementar mecanismos de seguimiento y de impacto en el bienestar integral del alumno.

Por último, reafirmamos la necesidad de avanzar durante el presente quinquenio hacia ciclos educativos compactos que supongan una educación básica de 4 a 14 años, así como una educación de adolescentes y jóvenes de 15 a 18 años.

La evidencia en el mundo demuestra que los ciclos compactos ofrecen mayores oportunidades de continuidad curricular y pedagógica, y que son una vía para superar problemas de continuidad de aprendizajes entre educación primaria y media, fortaleciendo las posibilidades de acompañamiento educativo en situaciones de crisis. Entendemos que la transformación de la educación implica necesariamente repensar los ciclos educativos.

En este contexto, reiteramos que las políticas educativas necesitan de acuerdos nacionales que incorporen al conjunto de los sectores políticos y recojan el aporte del conjunto de la sociedad civil y especialmente de los docentes, estudiantes y familias.

Sostenemos también que, en momentos de desafíos presupuestales, es necesario mantener y acrecentar la inversión en políticas sociales y educativas de atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el marco de políticas educativas claras y robustas.