El 2021 se anuncia como uno de los años más inéditos de la historia reciente. La pandemia ha trastocado la vida cotidiana a escala mundial, tanto la dimensión social como la económica. Agrego, además, la incertidumbre propia de un evento inesperado cuyos efectos —y su duración— aún son inciertos, así como las politícas adecuadas para revertirlos.

Con ese telón de fondo, trazar proyecciones verosímiles sobre el futuro económico tiene una dosis alta de osadía. De todos modos, resignarse a no hacerlo es entregarse ante la adversidad.  En momentos como este lo que se requiere es otear rumbos probables para así poder pensar en acciones adecuadas para zafar lo antes posible de los estragos de la pandemia.

El panorama actual muestra indicios de profundización de la crisis, ya que las proyecciones de crecimiento del mundo han sido rebajadas respecto a lo que se proyectaba un trimestre atrás. Todos crecerán menos —salvo China—, con lo cual se postergaría para fines de este año la recuperación económica robusta que permitiría volver a los niveles del PBI mundial vigentes antes de la pandemia. En ese contexto, América Latina ha sido el continente más golpeado, no solo por el número de víctimas de la pandemia como porcentaje de su población, sino por la magnitud de la caída de su  producto bruto (6 %). A esto se agrega la falta de instrumentos disponibles para revertirlos dado su alto endeudamiento, y el debilitamiento de la institucionalidad política en varios países para lograr los consensos necesarios para enfrentar la pandemia con medidas adecuadas.

En particular, Argentina es uno de sus ejemplos más claros, tanto en materia económica como política. Esto repercute de forma adversa sobre nuestro país, tanto por tratarse de nuestro principal demandante de turismo como de ciertos insumos industriales, así como por los riesgos inminentes de una devaluación brusca que siempre terminan afectando a nuestra economía por canales diversos. Aunque está atravesando una situación compleja, Brasil muestra señales de recuperación en materia de crecimiento, aunque queda abierta la incógnita de si no responden a las politícas de expansión fiscal de la administración Bolsonaro que no son permanentes.

Encuadrado en esa realidad global y regional, Uruguay cierra el año con indicadores de crecimiento peores a los proyectados un semestre atrás. La caída de su PBI para 2020 oscilará en el 5,5 %, en vez del 3,5 % proyectado (e incluido en la preparación de su presupuesto quinquenal). Eso implica un menor crecimiento esperado para 2021, estimado en alrededor del 2 %.  Según el CERES, recién en 2023 el producto bruto llegaría al mismo nivel de 2019. Eso implica la permanencia de niveles de desempleo elevados y un déficit fiscal mayor al proyectado en el presupuesto recientemente aprobado, con el consabido aumento del endeudamiento externo (a menos que aumente la presión fiscal), cuestión que este gobierno se ha negado rotundamente a instrumentar. Y que dadas las circunstancias, de hacerlo, profundizaría la caída del nivel de actividad.

Por el lado de las buenas noticias, la liquidez externa extraordinaria asegurará financiamiento fluido a tasas de interés muy bajas. A esto se le suma el debilitamiento del dólar, que siempre genera como efecto pasivo el aumento del precio en esa moneda de las materias primas y alimentos. Por otro lado, la recuperación robusta de China ayuda en ese sentido, al aumentar su demanda. En estos momentos, las cotizaciones para la soja y los cereales en general están alcanzando niveles cercanos a los promedios del súper ciclo de las materias primas de comienzos de la decada pasada. Ello arrastra al alza los precios de la carne y los lácteos al ser los insumos básicos para su producción. Esa dinámica proyecta un cono de luz favorable sobre nuestros principales rubros de exportación en los que el país tiene excelentes ventajas comparativas.

De todos modos, la capacidad de tracción del sector agroexportador para responder a esta bonanza en los precios, no compensará la caída del sector turismo junto al resto de los servicios como generadores de empleo y recursos fiscales. A su vez, se proyecta una lenta recuperación del sector industrial, que también hace aportes similares.

Por consiguiente, la mejora del crecimiento agroexportador no podrá revertir significativamente los altos niveles de desocupación actuales, heredados de la administración pasada y aumentados por la pandemia. Para el año en curso, será —junto al tema sanitario— uno de los desafíos del gobierno por sus implicancias sociales, cuando al mismo tiempo el país tiene ya un alto endeudamiento.

De aquí en más se abren los debates de cuáles son las mejores politícas para paliar la emergencia. Las ideas van desde aumentar los subsidios al desempleo hasta otorgar una renta básica, sin un concepto aún bien definido en cuanto a sus costos y alcances. Otro planteo es el de acelerar el crecimiento a través de programas de incentivos a la inversión privada con medidas promocionales. A esto se le suma la propuesta de expansión de índole pública, ejecutando obras de infraestructura para generar empleo que permitiría, además, mejorar la productividad global del país que potencia el accionar del sector privado.

Todos esos mecanismos implicarán, por definición, un aumento del endeudamiento público. De ahí la importancia de determinar cuál es el mecanismo más adecuado, tomando como base  su retorno social.

De forma complementaria habría que mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos, en un mundo en el que se ha dislocado lo comercial, pero que ha comenzado a reordenarse. Esto se ve expresado en varios acuerdos entre China y la Unión Europea, los países de la Cuenca del Pacífico, liderados por China, y también se verá reflejado en los eventos que puedan generarse por parte de Estados Unidos a través de la administración Biden.

Hablar del tema implica resaltar las restricciones que impone el Mercosur. Pero aquí se trata de obtener concesiones o preferencias puntuales a nivel de productos. Nos encontramos frente a un tablero de realidades mundiales cambiantes que pueden facilitar la aparición de nichos de comercio preferencial. No tiene costo fiscal, y en momentos de aumentos de precios internacionales de nuestras exportaciones relevantes, su impacto positivo se potencia.