Uruguay estrena esta década con un gobierno de matriz ideológica diferente al de sus antecesores, una situación mundial y regional compleja, y desafíos importantes para retomar el crecimiento económico, hoy aletargado.

Para empezar, la nueva administración se encontrará con un escenario externo con menor crecimiento, acompañado de inestabilidad política —expresada por movimientos ciudadanos espontáneos—, gobiernos sin mayorías parlamentarias, y un debilitamiento de los valores democráticos que engendran los autoritarismos populistas. Esto genera incertidumbre, agregará estrés al devenir global y traerá mayores desafíos a la nueva administración.

El mundo no crece como antes. En 2019 China mostró su tasa de crecimiento más baja en 29 años (6,1 %). En la Unión Europea oscila entre 0,3-0,6 %, y en EE.UU. es 1,6-1,7 % inferior al de su potencial. A su vez, en estos la inflación no llega a su nivel objetivo, a pesar de las tasas de interés cercanas a cero o negativas, dejando a la política fiscal como único instrumento para evitar la deflación. A favor, no hubo quiebras empresariales ni tensiones en sus sistemas financieros, alejando la posibilidad de una crisis como la de 2009. Aunque se contrarresta con el proteccionismo naciente, la incertidumbre del Brexit y los conflictos entre China y los países desarrollados por temas de predominio tecnológico. Esto agrega más incertidumbre a un escenario mundial aletargado que aleja un periodo de bonanza como el pasado.

En tanto, nuestra región aledaña muestra contrastes propios. El ciclo económico de Brasil rotó hacia una fase de crecimiento después de un quinquenio de estancamiento por el cambio de signo de sus políticas. La consolidación macroeconómica avanza con reformas importantes como la seguridad social, a lo que agrega inflación baja récord y el descenso histórico de las tasas de interés domésticas. Las reformas laborales mejoraron el empleo, la rentabilidad empresarial,  las perspectivas para la inversión, todo lo cual fortalece su crecimiento.

En cambio,  Argentina intenta superar su crisis endémica con el retorno de la sustitución de importaciones, el aumento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, los cambios múltiples, el control al movimiento de capitales, junto a medidas fiscales ortodoxas —como la desindexación de pasividades y salarios—, mezcladas con otras heterodoxas para combatir la inflación —como los acuerdos de precios y atraso de tarifas públicas—. Aún es prematuro un veredicto final, pero parece que lo instrumentado hasta ahora no es amigable con el crecimiento, lo cual agrega incertidumbre al panorama externo regional.

Mientras tanto, en Uruguay se instalaron el estancamiento y la inflación. Durante el último quinquenio creció 1.2 % anual, un nivel que se encuentra por debajo de su potencial (3 %). Su macroeconomía se fragilizó cuando su déficit fiscal supera el 5 %, llevando la relación deuda bruta-PBI a casi el 70 %, junto a una inflación de 9 % y el desempleo trepando a 9.2 %. A su vez, la rentabilidad empresarial se deterioró por los altos costos operativos por razones estructurales, reforzadas por el atraso cambiario. Su resultado es la caída de la inversion y el aumento del desempleo.

Por detrás subyace la baja productividad que erosiona su competitividad externa. Además, lo hecho en inserción internacional desaprovechó oportunidades y profundizó nuestra dependencia del ciclo económico regional. El otro gran embolo del crecimiento, la educación, continúa con carencias notorias. En consecuencia, el nuevo gobierno deberá atacar todos estos frentes simultáneamente.

La disminución del déficit fiscal es un tema central y prioritario, siendo sus goznes principales la reducción del gasto redundante y la racionalización de todo el sistema de seguridad social como forma de aliviar su carga sobre el erario público.

Los aumentos de la productividad global son claves. Lograrlo depende de la mejora de la calidad de las instituciones, el nivel educativo, el grado de apertura de la economía, la sofisticación de la infraestructura, el desempeño del sector público, y la reforma de sus empresas. Es un proceso acumulativo, que se alimenta por vías diversas, en el que el Estado debe estar presente. Pues es una suerte de bien público que fortifica el crecimiento económico, facilita el cierre del déficit fiscal y mejora el ingreso medio ciudadano.

Lograrlo implica la modernización de la institucionalidad, incluidas las regulaciones administrativas y legales, las normas laborales hasta los aumentos de la inversión pública, a pesar de que parezca un contrasentido en tiempos de austeridad fiscal. Pero se justifica cuando su tasa de retorno (social) es superior al costo de su financiamiento (tasa de interés). Con eso se recrea un círculo virtuoso de mejoras en la productividad, aumento de ingresos fiscales y más empleo. A su vez, los mercados ofrecen una oportunidad de oro con sus créditos largos con tasas de interés extremadamente bajas. Eso implica utilizar todo mecanismo afín, incluyendo desde la puramente pública hasta la ejecutada por participación público privada, concesiones o solamente privada incentivada fiscalmente. La construcción de vivienda debe incluirse, pues resuelve una carencia social, aumenta el empleo y mejora la productividad global.

A su vez, el país necesita modernizar su postura internacional en su acepción más amplia. Tradicionalmente, Uruguay estuvo a la vanguardia de las grandes causas mundiales. Fue miembro fundador de organismos relevantes como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID y el GATT. También del Mercosur. Ciudadanos destacados estuvieron en el diseño y dirección de casi todos ellos. Su reconocimiento lo fue también para el país, por su prestancia internacionalista.

Últimamente, esa conducta fue empercudida por posturas ideológicas que impidieron el aprovechamiento cabal de las oportunidades que ofrece el mundo. El postulado “más y mejor Mercosur” se convirtió en una categoría hueca cuando hoy Brasil le da la espalda y Argentina hace lo mismo, aplicando politicas reñidas con las reglas del acuerdo. Con ello se profundizó nuestra dependencia al ciclo regional, impidiendo recibir los aires frescos de una apertura comercial más profunda, fuente de inversion externa, innovación y aumentos de productividad.

De forma serena pero firme, el país debe comenzar una fase de política comercial externa aprovechando todas las oportunidades sin desconocer su pertenencia regional. Por último, la modernización de su sistema educativo es la llave maestra para proyectar nuestro país hacia el futuro.