Además del manejo de la crisis sanitaria, el 2021 trae consigo el desafío de que el país retome una senda de crecimiento económico generalizado y autosostenido.

En un año tan incierto como devastador, Uruguay cierra el 2020 con un resultado fiscal mejor al que pudo haber sido. El déficit está contenido y la dinámica de la deuda estabilizada gracias al nuevo Presupuesto. Se cumplió la promesa electoral de no subir impuestos —y eso es bueno— porque cumplir los compromisos da credibilidad, y también porque es el reflejo del pleno convencimiento de que aumentar la actual presión tributaria es contraproducente.

El Presupuesto aprobado mantiene el esfuerzo de financiar un elevado nivel de gasto público, que en términos reales se duplicó en los últimos 15 años. El foco se puso en la educación, el desarrollo social, la vivienda y la seguridad. La idea rectora fue fortalecer los servicios que tengan valor para la sociedad, debilitar los que no lo tienen y reducir superposiciones.

El gobierno buscó recuperar la consistencia en la política macroeconómica y que la política fiscal vuelva a ser el ancla que garantice estabilidad. Para eso se aprobó por ley una nueva institucionalidad fiscal asociada a una regla fiscal. Esto es una buena muestra de la disciplina fiscal que se quiere encarar. Además, avanza el trabajo del comité de expertos en la reforma de la Seguridad Social para hacer que el sistema sea más justo y financieramente viable en el largo plazo. Eso es un aspecto crítico para la sostenibilidad fiscal del país.

Para retomar el crecimiento económico generalizado, ausente desde 2014, es necesario que se acelere el impulso de la amplia agenda de reformas que Uruguay necesita para poder avanzar. Mejorar la eficiencia de las empresas públicas, lograr una mayor apertura de mercados internacionales, modernizar el mercado laboral, así como desarrollar otras políticas enfocadas a mejorar la productividad y competitividad del país. Estas reformas cuentan con apoyo parlamentario por los próximos cinco años porque están presentes en los programas de cada uno de los cinco partidos de la coalición multicolor.

Estas reformas son necesarias para que la inversión privada vuelva a crecer y en las magnitudes requeridas para que los números del Presupuesto puedan cerrar. No es para nada menor lo que se necesita concretar. El crecimiento de la inversión privada que se proyecta en el Presupuesto es de casi USD 2000 millones, el monto equivalente a otra planta de celulosa.

Nadie duda de la complejidad de la tarea, que para que salga bien tiene que incluir un diálogo permanente a nivel nacional para evitar que los sesgos ideológicos bloqueen el avance. Pero hay que hacerlo. Uruguay necesita un paquete urgente y creíble de reformas que generen las bases para que retorne la rentabilidad empresarial. Tenemos que poder ofrecer un plan país de negocios atractivo y sostenible para ofrecerle a los que quieran venir a invertir.

La apuesta es ambiciosa pero la oportunidad existe. Estamos en el mapa de los inversores regionales y globales gracias a una estabilidad política, institucional y social que es muy valorada en una región donde estos atributos escasean. Tenemos la capacidad de tratar bien a los potenciales inversores interesados en el país. Pero cuidado, porque sin rentabilidad no hay inversión privada.

Es buena noticia que la tasa de interés global está en mínimos históricos y se espera que siga así por lo menos dos años más. También las subas de los precios globales de alimentos ayudan. Pero estamos caros y no se prevé un abaratamiento del país en los próximos años. En el Presupuesto se asume un tipo de cambio real constante hasta 2024, lo que significa que la suba del dólar esperada sería idéntica a la inflación proyectada por el gobierno. Esto se traduce en que Uruguay seguiría tan caro como hoy en los próximos cuatro años.

Hay que tener claro que el mercado de trabajo será una de las más complejas encrucijadas para Uruguay: no alcanza con retomar el crecimiento de la economía con inversión para mejorar la situación angustiante de miles de familias. Estar sin trabajo puede ser coyuntural y solucionarse con un repunte del ciclo económico; pero no conseguir trabajo y ser rechazado por el mercado por no tener habilidades útiles para los que generan puestos de empleo deriva en una angustia individual y colectiva que golpea fuerte.

La historia muestra ejemplos de transformaciones que van de la mano de una reconversión laboral que implica costos sociales hasta que se logra una reconversión superadora. La pandemia aceleró tendencias previas a la automatización y deja a muchas personas laboralmente vulnerables. El coronavirus no solo impactó en la salud y en la actividad económica, lo que ya es mucho por sí mismo, sino que desnudó problemas del mercado laboral, que se dan por un descalce entre las cualidades de un trabajador que ofrece mano de obra y las pretensiones de un empleador para contratar.

Ante este panorama, el Estado tendrá que asumir la responsabilidad: las posibilidades futuras de muchas personas están enormemente limitadas por tendencias del mundo del trabajo, y además hay que advertir que no es deseable, ni posible en una economía como la de Uruguay, frenar el avance de la tecnología. Hay un desempleo tecnológico que no se soluciona con crecimiento económico.

Los programas actuales y por venir de capacitación y reeducación deberán estar a la altura de la urgencia. No hay solución mágica a corto plazo, pero sin duda que la recapacitación mejora la situación. Lo cierto es que la cantidad de personas para ser capacitadas es tan alta que requerirá un cambio radical respecto de la estrategia pasada.

A pesar de todo, se puede ser optimista. Uruguay tiene experiencia acumulada en las empresas y en el Estado para lidiar con grandes adversidades. Claro que todas las crisis son diferentes, pero la capacidad de resiliencia existe. Esta vez habrá que sumarle mucha creatividad porque el desafío por delante es realmente grande.