El Proyecto de Ley de Presupuesto 2020-24 está en el Parlamento. Y nadie se puede sorprender. Los principales lineamientos son los mismos que están plasmados en los programas de gobierno de los partidos de la Coalición Multicolor.

El principal supuesto del presupuesto, la base sobre la cual se computan los ingresos tributarios necesarios para financiar el gasto del gobierno, son las proyecciones de crecimiento de la actividad económica.

En el presupuesto de la primera administración de Vázquez, el crecimiento promedio anual proyectado para el PBI del quinquenio 2005-2009 fue 3,8 %, y terminó siendo 6 %. Este desvío positivo se explicó, en parte, porque los alimentos que producimos y exportamos duplicaron su precio, y el costo de acceso al financiamiento externo se redujo casi a la mitad con respecto al quinquenio anterior. En el presupuesto estaba el compromiso de terminar el periodo con un déficit fiscal de 0,4 % del PBI, pero terminó con un déficit de 1,6 %, valor similar al heredado a fines de 2004.

En el presupuesto de la administración de Mujica, el crecimiento promedio anual proyectado para el PBI del quinquenio 2010-2014 fue 4,6 %, y terminó siendo 4,9 %. Más allá de la ventana de la crisis financiera global —de setiembre 2008 hasta abril 2009—, las condiciones externas favorables siguieron presentes. A pesar de ello, se proyectaba terminar el periodo con un déficit fiscal de apenas 0,8 % del PBI, pero terminó con un déficit de 3,5 %.

En la segunda administración de Vázquez, el crecimiento promedio anual proyectado para el PBI del quinquenio 2015-2019 fue 2,8 %, y terminó siendo 1,3 %. Los vientos externos favorables dejaron de soplar. El presupuesto proyectaba terminar el periodo con un déficit fiscal de 2,5 % del PBI, pero terminó con un déficit de 4,7 %.

El nuevo presupuesto proyecta un crecimiento promedio anual para el PBI del quinquenio 2020-2024 de 2,4 %, y terminar con un déficit fiscal de 2,5 %. El Poder Ejecutivo no prevé aumentar impuestos, por lo que la reducción del déficit dependerá del aumento de la recaudación, derivado del aumento del nivel de actividad y el freno del crecimiento del gasto público.

Es una buena señal que el Poder Ejecutivo descarte aumentar la carga impositiva de la población, que ya se apretó el cinturón y que, además, recibe a cambio servicios de calidad insuficiente. Afortunadamente, ya no se escucha aquello de que existen recursos disponibles asociados al “gasto tributario” de promoción de inversiones. La ficción de creer que sin las exoneraciones existirían esas inversiones no tiene fundamento sólido.

Hoy la deuda pública asciende a 75 % del PBI. Si no se reduce el déficit fiscal y si la economía no retoma una senda de crecimiento significativo, la deuda llegará rápidamente a niveles demasiado elevados. La evolución del gasto público (en porcentaje del PBI) que se propone es la que posibilita, dado el supuesto de crecimiento del PBI, tener un déficit que permita que la deuda pública se estabilice (en porcentaje del PBI). Los supuestos del presupuesto no son otros que los necesarios para que la deuda pública se pueda pagar.

La clave para que el presupuesto cierre es lograr una corriente de inversiones del exterior que permitiría impulsar el crecimiento. Lo cito textual: “Se espera que la Formación Bruta de Capital Fijo privada, dejando de lado los efectos de la inversión en la nueva planta de celulosa, aumente en torno al 8 % promedio anual entre 2022 y 2024”. La Formación Bruta de Capital Fijo es la inversión. Es la vía por la cual aumenta la capacidad de producción del país, lo que viabiliza el crecimiento de la economía. Con el crecimiento económico viene el crecimiento de la recaudación de IVA, IRPF, IRAE y el resto los tributos vigentes. Dados los compromisos de gasto asumidos en el presupuesto, este crecimiento esperado en la recaudación impositiva es lo que permitiría llegar a 2024 con un déficit fiscal cercano al 2,5 % del PBI.

En la primera administración de Vázquez y en la administración de Mujica, el crecimiento promedio anual de la inversión privada fue de 12 % y 13 %, respectivamente. Este boom de inversión fue impulsado por ingresos masivos de inversión extranjera directa: 29 % del PBI acumulado en el quinquenio 2005-2009 y 25 % del PBI acumulado en el quinquenio 2010-2014. No solo el contexto externo favorable —con precios de alimentos al alza y tasas de interés en bajada— impulsó este monto récord de inversiones, también lo hizo que el país estaba relativamente barato en dólares. Precios altos y costos bajos generaban una rentabilidad atractiva para el inversor.

A partir de ahí ya no fue posible atraer un flujo relevante de inversiones. Durante la segunda administración de Vázquez (2015-2019), la inversión privada cayó un 5 % promedio por año y salieron del país siete puntos del PBI de inversión extranjera directa. No solo el contexto externo fue menos favorable, sino que el país estuvo relativamente caro en dólares.

Es cierto que entre 2005 y 2013 Uruguay tuvo una inversión récord plasmada en dos plantas de celulosa, la revolución agrícola y la transformación energética. También es cierto que aquellos niveles alcanzados de inversión privada (en proporción al PBI) no fueron mayores a los que se observan en países que logran sostener un crecimiento económico vigoroso.

El gran desafío actual es lograr que la inversión privada vuelva a crecer —y en las magnitudes requeridas— para que los números del presupuesto puedan cerrar. No es para nada menor lo que se necesita concretar. El crecimiento de la inversión privada que se proyecta en el presupuesto es de casi USD 2000 millones, el monto equivalente a otra planta de celulosa.

La apuesta es ambiciosa, pero la oportunidad existe. Estamos en el mapa de los inversores regionales y globales gracias a una estabilidad política, institucional y social que es muy valorada en una región donde estos atributos escasean. Tenemos la capacidad de tratar bien a los potenciales inversores interesados en el país. Pero cuidado, porque sin rentabilidad no hay inversión privada.

Estamos caros y no se prevé un abaratamiento del país en los próximos años. A pesar de la devaluación observada a principios de año, el dólar está hoy, en términos reales, un 15 % por debajo de los valores promedio históricos y estamos casi un 40 % más caros que Brasil y Argentina. En el presupuesto se asume un tipo de cambio real constante hasta 2024. Esto significa que la suba del dólar esperada sería idéntica a la inflación proyectada por el gobierno, lo que se traduce en que Uruguay seguiría tan caro como hoy en los próximos cuatro años.

Si los costos de producción no bajan, la vía para el aumento de la rentabilidad de las inversiones es un aumento de la productividad. Lo cual se traduce en un mayor aprovechamiento de los recursos productivos gracias a la mejora de las condiciones para producir. Esto requiere eliminar obstáculos regulatorios y operativos que impiden que el sector productivo alcance mayores estándares de eficiencia. Es necesario eliminar sesgos en los sistemas de incentivos de la inversión que terminan distorsionando las señales del mercado. Es necesario revisar regímenes vigentes de contratación de personal que desestimulan la creación y desarrollo de nuevas empresas. Es necesario bajar el costo de las tarifas públicas, para lo cual es imprescindible impulsar una gestión profesional de las empresas públicas para transformarlas. Es necesario encontrar de forma urgente la vía por la cual mejorar el acceso a nuestros mercados de exportación, así como generar nuevos. Es necesario hacer muchas cosas.

Tenemos una oportunidad única y de corta duración. Los exitosos resultados sanitarios que estamos logrando ante la pandemia y el talante del nuevo gobierno nos han abierto muchas puertas a lo largo y ancho del mundo. Tenemos que poder ofrecer un plan país de negocios atractivo y sostenible a los que quieran venir a invertir. Para ello es necesario mostrar un paquete urgente y creíble de reformas que generen las bases para que retorne la rentabilidad empresarial. Ahí está la clave.