¿Cuáles son los principales motivos por los que empresas extranjeras elijen a Uruguay para instalarse? ¿Cambiaron esos motivos con el cambio de gobierno?

Pienso que más allá de las simpatías o antipatías que un gobierno pueda generar, los inversores del exterior basan sus decisiones considerando aquellos aspectos que son claves para que el proyecto sea exitoso. Estos pueden ser la disponibilidad y costo de los recursos, la facilidad para instalar y operar una empresa, la protección jurídica de los derechos, los tiempos de obtención de permisos, la posibilidad de ingresar y retirar divisas, el libre giro de dividendos, entre otros.

Para evaluar estas condiciones, muchas veces, los potenciales inversores utilizan indicadores y ránkings elaborados por fuentes confiables como uno de los insumos a la hora de decidir la ubicación de sus inversiones.

Entre estos indicadores, el Doing Business elaborado por el Banco Mundial es uno de los más utilizados y valorados por los inversores. Lamentablemente, el posicionamiento de nuestro país en este indicador no es bueno, ni siquiera en comparación con otros países de América Latina.

Creo que desde el Gobierno existe una oportunidad para impulsar cambios que contribuyan a mejorar los distintos aspectos que evalúa este indicador, lo cual no solo potenciará la capacidad de atraer inversión extranjera, sino que también mejorará las condiciones para que las empresas existentes e inversores locales desarrollen sus emprendimientos.

¿Qué beneficios fiscales por inversiones incorpora el Decreto n.^o 268/020 a la Ley 16.906 de Promoción de Inversiones y qué empresas pueden acceder a ellos?

A partir del año 2007 se modificó el mecanismo para declarar promovidas inversiones al amparo de la Ley n.^o 16.906 de 1998 (Ley de Inversiones). La lógica del sistema pasó a ser que se otorgaban beneficios fiscales cuando confluían dos hechos: inversión en bienes elegibles y cumplimiento de ciertos compromisos de interés para el Estado.

Sucesivos decretos fueron reglamentando el régimen con esta lógica. Las principales modificaciones que introduce el Decreto n.^o 268/020 son: premiar especialmente la generación de empleo, reducir los plazos de cumplimiento de indicadores a tres ejercicios (eran cinco), establecer un margen de tolerancia fijo del 20 % aplicable sobre el puntaje al final del cronograma, incrementar el tope de exoneración de IRAE al 90 % (antes 60 %) e incluir en la devolución de IVA el de las inversiones en bienes muebles (antes solo obra civil).

Estas y otras modificaciones hicieron que el nuevo régimen otorgue mayores beneficios a similares niveles de inversión y de compromiso que antes. Al igual que en el decreto anterior, pueden acceder a los beneficios las cooperativas y los contribuyentes de IRAE que obtengan ingresos gravados, en cualquier rama de actividad.

¿Cómo se espera que esta modificación impacte en el mercado?

El Decreto n.^o 268/020 se procesó en pandemia, lo cual explica, en gran medida, que la tónica general haya ido en el sentido de aumentar los beneficios fiscales y de premiar especialmente la generación de empleo.

En los hechos, hasta el momento ha habido un flujo sostenido de presentación de solicitudes. Entre abril y setiembre de 2020, en plena pandemia, se presentaron no menos de 150 proyectos de inversión por un valor total aproximado de USD 300 millones.

Considero que el impacto real de la modificación aún es incierto, pero resulta claro que, en el contexto de la crisis, la generación de compromisos de inversión no deja de ser una señal positiva. Esto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta lo difícil que es para cualquier empresa en este momento asumir compromisos de inversión.

¿Qué otras medidas anunciadas por el gobierno van en la misma línea?

Se ha flexibilizado el cumplimiento tanto de inversiones como de indicadores comprometidos en proyectos presentados al amparo de los regímenes anteriores. A la vez, se dio la opción de incrementar el tope del beneficio en el IRAE al 90 % para el cierre de ejercicio que se haya dado en lo que va de la pandemia, o de no tomar beneficio alguno y no computar el año.

Por otra parte, se tomó una medida transitoria que, si bien ya se había tomado en otras oportunidades (2009 y 2014), nunca se había hecho con los niveles de incrementos que se hizo esta vez. Los proyectos de inversión presentados entre el 1.^o de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, ejecutados por lo menos en un 75 % antes del 31 de diciembre de 2021, tendrán un incremento del puntaje de la matriz de un 20 %. Por otra parte, para las inversiones efectivamente realizadas entre las fechas antes mencionadas, el porcentaje del beneficio se aplicará al 150 % del monto invertido. Recientemente, el presidente Lacalle Pou ha anunciado que se extenderá este último beneficio hasta el 30 de setiembre de este año, y que bajará del 150 % al 130 %.

¿Qué importancia tiene este decreto en la inversión extranjera directa?

Los regímenes de promoción de inversiones normalmente mejoran la percepción del país a los ojos de posibles inversores. Sin embargo, el hecho de que Uruguay otorgara beneficios desde hace ya un tiempo probablemente determine que el nuevo decreto no sea un gran disparador para el incremento de la inversión extranjera directa.

A mi entender, la elección de los inversores extranjeros de dónde invertir está dada mucho más por otros factores, tales como la seguridad jurídica, la facilidad para hacer negocios, la disponibilidad de talento y el mercado potencial.

Por ello, si bien el decreto suma, creo que sería importante que nuestro país dedicara mayores esfuerzos a mejorar las otras condiciones que buscan los inversores y que se reflejan en índices como el Doing Business del Banco Mundial, en el que Uruguay no puntúa de forma destacada.