Desde 2014 la inversión privada cae ininterrumpidamente en Uruguay. En 2016, 2017 y 2018 la salida de capital productivo desde Uruguay hacia el exterior superó a la llegada desde todo el resto de mundo. No hay registro de una situación similar en el resto de los países de la región, obviamente, sin considerar el caso extremo de Venezuela.

Es cierto que entre 2006 y 2014 Uruguay tuvo registros de inversión (en porcentaje del PBI) en niveles récord. Pero también es cierto que esos niveles no fueron mayores a los que usualmente se observan en economías que avanzan en la escalera del desarrollo. Por lo tanto, es un error sostener que 2006-2014 fue un periodo de sobreinversión. Aquellos niveles de inversión fueron y son lo que Uruguay necesitaba y necesita para avanzar.

Téngase presente que sin inversión no hay posibilidades sustentables de recuperar el crecimiento económico, ausente en Uruguay desde 2014. Si las empresas existentes no deciden invertir para expandir su producción, ni se generan nuevos emprendimientos, la producción total del país no puede crecer de forma sostenida.

Y no hay inversión sin rentabilidad. El nivel actual de costos requeridos para producir bienes o servicios en Uruguay ha alcanzado una magnitud tal, en la mayoría de los sectores, que no deja margen para la rentabilidad empresarial. Por un lado, los costos laborales han subido, en los últimos años, por encima de las ganancias de productividad. Al mismo tiempo, los costos no salariales se han vuelto una mochila demasiado pesada para producir en Uruguay. Por más que hayan subido menos que el resto de los bienes de consumo (IPC), los costos de electricidad y combustibles son los más caros de la región. A todo lo anterior se le agrega otro costo muy pesado: la sobrerregulación. Las dificultades autogeneradas por Uruguay para poder invertir es un frente que hay que atacar.

En su índice de facilidad para hacer negocios (Doing Business), el Banco Mundial computa todos los años las dificultades para invertir. La metodología se basa en el estudio pormenorizado de leyes, decretos y reglamentos para 190 economías, en base a consultas realizadas a funcionarios gubernamentales, así como a asesores legales y contables. De esta forma, se logra cuantificar, en perspectiva internacional, el peso de las regulaciones burocráticas que afectan la operativa normal de las empresas.

Las economías líderes —en general los países avanzados— presentan costos adecuados para iniciar un nuevo emprendimiento y para comerciar con el exterior. También presentan elevada eficiencia y calidad regulatoria, que incluye inspecciones durante la construcción de infraestructura, sistemas automatizados utilizados por las empresas de electricidad para restablecer el servicio durante cortes y adecuadas condiciones para los acreedores en los procedimientos de insolvencia empresarial.

Uruguay no está nada bien a nivel global, aunque algo mejor si se lo compara con los países de la región. En América Latina, Uruguay queda abajo de Panamá, Perú, Costa Rica, Colombia, México y Chile; levemente por encima de Brasil, Paraguay y Ecuador, y bastante mejor que Bolivia y Guyana.

Existe cierto escepticismo acerca del impacto que tienen estos indicadores presentados todos los años por el Banco Mundial sobre los incentivos para invertir en un determinado país. Hay muchos que dicen que los inversores miran otras variables a la hora de tomar sus decisiones. Sin embargo, si se consideran los datos disponibles para todos los países del mundo, los números muestran que estos indicadores importan. La correlación rezagada entre los componentes del índice de facilidad para hacer negocios y los registros de inversión extranjera directa muestra que hay varios que son estadísticamente significativos. No todos los componentes del índice son relevantes para explicar la inversión, pero algunos sí.

En otras palabras, la evidencia indica que hay aspectos burocráticos que afectan negativamente a la inversión. Figuran en esta lista: la facilidad para registrar la propiedad y obtener permisos de construcción, el peso de los impuestos y el costo de los requisitos para acceder al comercio exterior. Veamos detalles.

En Uruguay se requiere el doble de procedimientos y el triple de espera que en los países avanzados para registrar propiedades y el costo del proceso es casi el doble. Para obtener un permiso de construcción, el costo de los procedimientos necesarios en Uruguay duplica al requerido en los países avanzados. La diferencia de tiempos de espera supera los 100 días.

El número de impuestos pagados y horas al año dedicadas a preparar declaraciones de impuestos son el doble en Uruguay que en los países avanzados. El costo de la burocracia asociada al comercio exterior es llamativamente elevado: tanto el tiempo como el costo necesario para obtener los documentos requeridos para exportar o importar es ocho veces mayor que en los países avanzados.

En el proceso necesario para abrir y cerrar empresas también estamos lejos. A pesar de que la cantidad de procedimientos y el tiempo de espera para abrir una empresa en Uruguay es el mismo que en las economías avanzadas, es ocho veces más costoso (en relación al ingreso per cápita). A su vez, se requiere un 30 % más de tiempo para resolver una disputa comercial en Uruguay que en los países avanzados, y se obtiene un 40 % menos de recuperación de valor por parte de los acreedores de una firma insolvente.

Datos objetivos y comparables a nivel internacional indican que Uruguay está sobrerregulado y necesita un cambio de chip en la forma en que se apoya al sector productivo. Muchas veces, el afán del Estado de dejar por escrito qué se hace y qué se deja de hacer en engorrosos formularios con todos los datos que se puedan imaginar, se vuelve un costo mayor al beneficio. Agencias públicas y fondos disponibles hay, pero es muy importante canalizarlos mejor. Algo similar sucede con la normativa —leyes y decretos— recientemente aprobada por parte del gobierno con el objetivo de promover la inversión.

Hay una amplia y compleja agenda pendiente de reformas para volver a Uruguay nuevamente atractivo para la inversión. Solo con simplificar las regulaciones que se han acumulado y superpuesto en el país se podría empezar a avanzar.