Revista del IEEM
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“Los incumplimientos no solo afectan el terreno laboral, sino también el clima de inversiones”

Rodrigo Goñi

Diputado de la República por el Partido Nacional

¿Considerás conveniente que los sindicatos tengan personería jurídica?

Es una asignatura pendiente que los sindicatos tengan personería jurídica obligatoria. Un sistema de relaciones laborales moderno y sano requiere un marco regulatorio que dé certezas y sea transparente, así como mecanismos que aseguren la vigencia de los derechos y las responsabilidades de empresarios, sindicatos y trabajadores. En tal sentido, hemos planteado en el Parlamento la necesidad de una solución legal para establecer la obligación de que los sindicatos tengan personería jurídica, y que la puedan obtener a través de un sencillo procedimiento.

En un mundo global caracterizado por un acelerado proceso de digitalización de la economía, pautado por el cambio tecnológico y una dinámica permanente de innovación, no se puede desconocer el impacto y las alteraciones que todo esto aparejará en el mercado de trabajo. Dependerá —tanto en sus tiempos como en sus formas—, en buena medida, del clima laboral y de la regulación vigente.

El contexto en nuestro país resulta más acuciante ante un panorama de incertidumbre jurídica, marcado por la falta de consecuencias frente a los incumplimientos sindicales, un creciente desequilibrio en las relaciones laborales, y un sindicalismo perimido. Lo que, sumado a una simple prospectiva que permite anticipar la profundización de los cambios, nos conduce a la necesidad apremiante de adaptarnos a una realidad que claramente requiere otros roles de los empresarios y trabajadores, a la vez que exige dar mayor precisión a las reglas que deben regir sus acciones y relacionamiento.

En razón de todo ello, entendemos imprescindible la exigencia de que todos los sindicatos cuenten con personería jurídica. Sin embargo, siendo esto tan necesario, advertimos que es altamente insuficiente.

 

¿Por qué afirmás que la obligatoriedad de la personería jurídica para los sindicatos es una medida necesaria, pero insuficiente?

Por un lado, consideramos que la personería jurídica es indispensable tanto para responder a las exigencias del Estado de Derecho como a las nuevas formas de organización del trabajo y de gestión de las empresas. Pero, además, es necesario para revertir la impunidad que hoy tienen los sindicatos ante los desbordes e incumplimientos, que no solo afectan el terreno laboral, sino también el clima general de inversiones.

Desde la perspectiva del interés general, y en particular de los trabajadores, esta medida también ofrecería mayores garantías al ejercicio de la actividad sindical, en aspectos claves como:

  • Transparencia en el uso de los recursos económicos generados a partir de la cuota aportada por los afiliados.
  • Uso apropiado de los fueros sindicales.
  • El ejercicio de representación, elección de autoridades y derecho al voto secreto.
  • Marco de actuación de los dirigentes sindicales a nivel interno y externo del sindicato.

Asimismo, la personería jurídica facilitaría las vías para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de los sindicatos por los incumplimientos de normas y convenios que generen daño injustificado a las empresas, a los trabajadores y a los ciudadanos. Esto, seguramente, contribuiría a frenar, corregir y prevenir las acciones gremiales abusivas que hoy no tienen consecuencias para quienes las impulsan.

No obstante, también señalamos que no basta con la personería jurídica de los sindicatos para transitar en un mercado de trabajo más exigente e intensivo en tecnología, en el cual lo corriente es la mutación de ocupaciones y tareas, junto con la pérdida de empleos de baja calificación. La realidad nos exige otras medidas para concretar una adecuación de las normas e instituciones laborales orientadas a procurar la sustentabilidad del empleo.

 

¿Cuáles serían esas otras medidas en relación a los sindicatos y las relaciones laborales?

En primer lugar, tener presente en la negociación colectiva que nuestra matriz empresarial está conformada mayormente por pymes, cuya realidad está lejos de ser considerada en igualdad de condiciones a las grandes empresas, que son las que deciden en las rondas de los Consejos de Salarios tal cual están organizados hoy.

Pero la más urgente —y que no debería esperar al próximo gobierno— es la derogación inmediata de la norma que posibilita la ocupación de los lugares de trabajo, en cuanto vulnera derechos humanos fundamentales como el de propiedad, libertad para trabajar y de asociación, y configura un incentivo perverso para el ejercicio abusivo de la acción sindical.

Además, hace falta mejorar el sistema de prevención y solución de conflictos colectivos —en la línea del acuerdo con UPM— y, sobre todo, integrar mecanismos efectivos para su resolución en el contexto de una realidad empresarial cada vez más dinámica, competitiva y desarrollada en cadenas globales. En este punto, hemos propuesto una fórmula legal que incorpora el sistema de arbitraje, incluso como obligatorio cuando se dan determinadas condiciones que ponen en riesgo la sostenibilidad de la empresa.

Como expuse antes, también es fundamental implementar un sistema integral de responsabilidad laboral y sindical, incluso de índole patrimonial. Para lo cual hemos planteado una solución legal que no solo da mayores garantías a los empresarios, sino también a los propios trabajadores cuando son perjudicados por medidas sindicales abusivas.

Asimismo, resulta impostergable habilitar vías legales para desarrollar las nuevas formas de empleo, de organización del trabajo y de ejecución de tareas. En este punto, cabe destacar la necesidad de regular el teletrabajo y de abordar con flexibilidad —tanto las cuestiones relacionadas con la jornada laboral, como la ampliación del marco de tareas a desempeñar por cada trabajador—, así como también el fenómeno del trabajo autónomo, crecientemente preferido por las nuevas generaciones.

Finalmente, hace falta procesar una transformación del actual sistema de relaciones laborales, que sustentado en paradigmas de otros tiempos e impregnado de una cultura confrontativa ha quedado obsoleto en el presente contexto, obstaculizando los cambios necesarios para mantener la competitividad de las empresas, la inversión y el empleo, al punto de estar agravando la destrucción de puestos de trabajo e inhibiendo la apertura de posibilidades al trabajo del futuro.

 

¿Cuáles serían las claves para lograr la transformación del sistema de relaciones laborales?

En el siglo XXI no es posible abordar las relaciones laborales sin el basamento de las nuevas tecnologías y contemplar con flexibilidad y realismo la variedad de configuraciones que conforma la cadena global de producción. Y es a partir de ello que empresas y trabajadores deberán ir construyendo su transformación. Ambos segmentos están en un punto de inflexión que los obliga a adoptar un desempeño inteligente y colaborativo para enfrentar los cambios en la organización del trabajo, en la gestión de las empresas, e incluso en los modelos de negocios; lo contrario no derivará en otro resultado que no sea exclusión social y productiva.

Mientras la realidad de los hechos y el mayor pragmatismo de las nuevas generaciones juegan su papel en la renovación de las relaciones laborales, urge concretar acciones desde el sistema político, para restablecer un equilibrio entre las partes, imprescindible para generar un clima de confianza que permita transitar hacia la configuración de un nuevo modelo de relaciones laborales de signo colaborativo.

Por nuestra parte, insistiremos en poner en marcha el 1.o de marzo la Comisión de Futuros Parlamentarios (ver recuadro) como ámbito adecuado para asumir el desafío de crear más y mejores opciones de trabajo. Una responsabilidad para gobernantes, empresarios y también para los sindicatos y trabajadores que solo podrá cumplirse cabalmente con un nuevo modelo de relaciones laborales enfocadas en mantener la sustentabilidad de las empresas existentes, en mejorar las condiciones para desarrollar nuevos emprendimientos, y en fortalecer —como tarea permanente— las capacidades de empleabilidad de sus trabajadores.

COMISIÓN PARLAMENTARIA DE FUTUROS

Esta comisión del Parlamento propone un espacio para diseñar las políticas públicas para el trabajo del futuro.

La anticipación es un factor clave en la toma de decisión en cualquier ámbito de la vida, especialmente en contextos de cambios, de estímulo a la novedad (innovación, creatividad) y para la sustentabilidad y resiliencia. En el ámbito de la política pública y la gestión de gobierno, desde hace ya varias décadas se ha venido incorporando un área de estudios sistemáticos y rigurosos a nivel de los Parlamentos, aunque con denominaciones diferentes, podemos generalizarlos como Comisiones de Futuros. Se trata de espacios profesionalizados que se ocupan de estudiar temáticas de interés nacional, utilizando enfoques y metodologías que amplían el horizonte temporal incluyendo el futuro de manera sistemática y rigurosa.

El objetivo es descubrir y crear nuevas posibilidades en el aquí y ahora para actuar desde la anticipación informada, y dar la oportunidad a ampliar las alternativas. Implica también procesos de reflexión estratégica enfocados en el cambio a mediano y largo plazo, lo que contribuye a dar continuidad a grandes temas que interesan al país, más allá de los periodos de cada gobierno.

Entre sus cometidos está abordar temáticas y problemas que requieren forzosamente de enfoques y metodologías específicas, que no pueden ser tratados únicamente con los procesos y métodos tradicionales parlamentarios (o con proyecciones econométricas o estadísticas, o escenarios voluntaristas).

Además de los miembros parlamentarios de todos los sectores políticos, se articula con redes de expertos que alimentan la reflexión política con su conocimiento técnico y científico, y con la sociedad a través de foros permanentes.

Contar con un espacio especializado en el Parlamento para el estudio y reflexión estratégica en clave futuro es un debe. Aunque la Comisión Parlamentaria de Futuros en nuestro país fue aprobada a hace más de un año, aún no ha sido integrada y, por lo tanto, tampoco puesta en marcha.

 

Cuadro elaborado por Lydia Garrido Luzardo. Red Laboratorios de Futuros. Cátedra UNESCO en Anticipación y Resiliencia.

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