¿Qué impacto ha tenido la transformación energética hacia una matriz eléctrica con más de 97 % de energías limpias?

La transformación energética uruguaya permitió desmentir dos falsos paradigmas que se repetían en el mundo: que no era posible operar un sistema eléctrico con un porcentaje de fuentes renovables cercano al 100 % y que la transición energética exigía fuertes subsidios. Por un lado, Uruguay mostró que no solo es posible hacer funcionar un sistema casi 100 % renovable con la mitad proveniente de fuentes alternativas como la eólica, la solar y la biomasa, sino que la complementación de las diversas fuentes nos permite contar con un sistema más robusto y menos dependiente de las variaciones climáticas. Esto fue posible, entre otras cosas, gracias a un instrumento tecnológico original desarrollado por investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Udelar.

Por otro lado, la transición energética no solo se realizó sin subsidios, sino que permitió reducir fuertemente los costos de generación de energía eléctrica, que pasaron de un promedio anual de cerca de USD 1100 millones anuales, antes de la reforma, a unos USD 600 millones en la actualidad. Lo digo de nuevo porque no es un dato muy difundido: gracias a este proceso, los uruguayos nos ahorramos todos los años USD 500 millones. Si bien una parte de esta ganancia en eficiencia fue transferida a las tarifas, otra parte muy significativa sigue siendo transferida todos los años por UTE a rentas generales; pero la ganancia está.

Al mismo tiempo, la transición energética atrajo inversiones por más de USD 5000 millones, generó en el pico cerca de 50 000 puestos de trabajo y derramó en la economía nacional más de USD 2000 millones. El proceso también generó nuevas capacidades empresariales: hoy tenemos varias empresas energéticas uruguayas participando en los procesos de transición energética de una decena de países de la región.

Y, por último, aunque no por ello menor, hoy el país tiene una matriz eléctrica casi 100 % soberana e independiente de las fluctuaciones de los precios de los commodities energéticos, sin que impacten las guerras u otros eventos geopolíticos, algo que están sufriendo hoy Europa y la gran mayoría de los países.

Uruguay prevé que será neutro en CO₂ para 2030, de acuerdo con la primera Contribución Determinada a Nivel Nacional aprobada en 2017. Está prevista una actualización en noviembre de este año, ¿qué información hay al respecto?

Recordemos que, mediante las NDC (sigla en inglés para Contribución Determinada a Nivel Nacional), los países planteamos voluntariamente cuál será nuestra contribución para reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero y, de esta forma, frenar el cambio climático.

Globalmente, el 75 % de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero provienen del sector energético. Esto explica por qué, tanto los tomadores de decisión como los expertos académicos internacionales, definen el proceso uruguayo como una “revolución energética”.

Esto permitió a nuestro país focalizar los esfuerzos de nuestra primera NDC en las que, hoy en día, son nuestras principales fuentes de emisiones: la producción agropecuaria y el transporte. En estos dos sectores, la NDC de 2017 incluía compromisos para incorporar tecnología y nuevas estrategias de producción y consumo, fuertemente trabajadas con los actores sectoriales, que permiten reducir emisiones en relación con los escenarios tendenciales. Complementariamente, nuestro país cuenta con una política estable en relación con la preservación de los montes nativos y la forestación comercial, que son importantes sumideros de CO2. Combinando todas estas variables, concluíamos que Uruguay podía transformarse, hacia el final de esta década, en uno de los primeros países neutros en emisiones.

En cuanto a la actualización de la NDC prevista para fines de este año, no existen todavía documentos públicos disponibles, pero se esperan con mucha expectativa. Esto se debe a que algunas decisiones ya tomadas estarían dificultando el cumplimiento de los compromisos asumidos en nuestra primera NDC. En particular, la reducción de la mezcla de biocombustibles resuelta a fines del año pasado y, fundamentalmente, el fuerte incremento ocurrido el año pasado en la participación del petróleo para generación eléctrica para exportar hacia Brasil (la electricidad fósil se triplicó en 2021, pasando del 3 % al 15 %), generan fuertes dudas sobre la capacidad de cumplir los compromisos ya asumidos.

¿Qué necesita Uruguay para cumplir con la Política Nacional de Cambio Climático Uruguay 2050?

La Política Nacional de Cambio Climático Uruguay 2050 fue elaborada de forma ampliamente participativa entre febrero y agosto de 2016, con 280 representantes de 140 organizaciones; involucró a organismos públicos y organizaciones privadas, incluidos académicos, empresarios, trabajadores y representantes de la sociedad civil.

Este proceso permitió diseñar una estrategia holística estructurada en 27 ejes estratégicos y un centenar de líneas de acción.

Esta política realiza un abordaje multidimensional, tanto de la mitigación como de la adaptación al cambio climático, incluidos aspectos de gobernanza, de gestión del conocimiento y las dimensiones sociales, ambientales y productivas. También define mecanismos de implementación e instrumentos para la autoevaluación. Si bien tiene un horizonte temporal al año 2050, la estrategia prevé una implementación en el corto, mediano y largo plazo.

Si bien el resultado de este proceso de cocreación participativa fue aprobada formalmente por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto n.^o 310/017, para garantizar la efectiva implementación de este gran acuerdo, lo que Uruguay necesita es voluntad política. Esto debería reflejarse en una multiplicidad de acciones, desde la efectiva incorporación de la mirada climática en el diseño de todas las políticas sectoriales, como se indica en el acuerdo, hasta señales fiscales para favorecer la transición hacia este nuevo modelo de desarrollo. Esto último involucra, entre otras cosas, incluir el abordaje climático en el diseño presupuestal, tanto para promover I+D aterrizada a nuestra realidad nacional, como para generar mejor información para la toma de decisiones en el sector público y el privado, capacitar funcionarios, mejorar regulaciones en relación con las construcciones o perfeccionar instrumentos como los seguros climáticos. Pero más relevante aún es colocar el tema climático en el corazón de nuestra fiscalidad para dar señales al mercado, y que se otorguen exoneraciones a las inversiones que promueven la transición climática y reducirlas paulatinamente a las que no lo hacen.

¿Qué tipo de proyectos de I+D en energía deben tener prioridad? ¿En qué ámbito se encuentran y cómo se financian?

La Política Energética aprobada en 2008 incluía como un aspecto central la generación de conocimiento para levantar las barreras que dificultaban su implementación.

Con este objetivo se generó un instrumento llamado Fondo Sectorial de Energía (FSE) que era coadministrado por el MIEM, UTE, Ancap y la ANII. Fue el primer fondo sectorial que se implementó en nuestro país. Cada año se definían cuáles eran las principales temáticas en las que se pretendía financiar proyectos, ya fueran de investigación como de desarrollo o innovación. Eran temáticas tan amplias como nuevas tecnologías para celdas fotovoltaicas o biocombustibles, pronósticos de viento de mediano plazo, así como diversos aspectos ambientales y sociales, como el vínculo entre energía y pobreza, o energía y género.

El FSE logró un fuerte impacto, tanto para la política pública como para la propia comunidad académica uruguaya. Por un lado, gracias a la iniciativa se pasó de una decena de investigadores trabajando directamente en temas energéticos, antes de la creación del FSE, a más de 250 investigadores que presentaron proyectos al Fondo. Esto generó conocimiento original muy relevante para avanzar exitosamente en la transición energética, como el software para combinar las diferentes fuentes renovables en el despacho energético, mencionado en la primera pregunta. Más interesante aún, si bien no fueron tantas como hubiera esperado, varias empresas privadas también presentaron proyectos al FSE.

Hoy en día habría varios temas que requerirían generar conocimiento: la gestión de redes inteligentes, los sistemas de acumulación, la adaptación del sector ante el cambio climático o diversas problemáticas vinculadas a la cadena del hidrógeno. Sin embardo, el FSE, que durante años contó con un presupuesto anual de cerca de USD 3 millones, en la convocatoria de este año cuenta con solo USD 450 000 para financiar los proyectos presentados.

¿Han “exportado” algún modelo de cambio o caso de éxito de Uruguay a través de Asociación Ivy?

¡Sin duda! La Asociación Ivy está integrada por varios colegas latinoamericanos y su objetivo es promover la transición sostenible en nuestra región. Como su director ejecutivo, recibo propuestas de gobiernos, empresas, organismos multilaterales o de la sociedad civil. A pesar de que tenemos solo dos años de vida, ya hemos apoyado el diseño de políticas públicas climáticas en varios países, tanto a nivel de gobiernos nacionales como subnacionales.

Uno de los temas más demandados es el asesoramiento para la transición energética, especialmente a partir de las lecciones aprendidas del proceso uruguayo.

Hace un par de años realizamos un diagnóstico de las barreras que hoy en día están dificultando la transición energética en nuestra región, a solicitud de la Organización Latinoamericana de Energía y del BID. Identificamos 37 tipos de barreras (políticas, financieras, burocráticas, regulatorias, institucionales o de infraestructura) y también propusimos más de 100 tipos de acciones para levantarlas.

A partir de esto, una fundación climática europea nos ha financiado un proyecto para ayudar a los países a levantar esas barreras, con base en la experiencia uruguaya. Otra fundación norteamericana, con muchos recursos, nos propuso asociarnos con ellos para acelerar la incorporación de energías renovables en la región. En paralelo, estamos asesorando de manera directa a los gobiernos de cuatro países, tanto en relación con la incorporación de energías renovables para generación eléctrica como con sus hojas de ruta para el hidrógeno verde. Y, por supuesto, estamos todo el tiempo brindando conferencias en webinars y, este último año, de manera presencial, tanto para gobiernos como para empresas, organismos internacionales o en ambientes académicos.